Más de 15 años tuvieron que esperar las familias de la Lotificación Nueva Sociedad, en Apopa, para que pudieran concretar su meta de tener la escritura de su vivienda. Así lo afirmó Luisa Serrano, presidenta de la comunidad.
«Por 15 años hemos batallado y luchado por tener nuestra propia casa. Yo me siento feliz y bendecida porque nuestros sueños se han hecho realidad. Gracias por hacer posible la legalización de estas escrituras», comentó Serrano, también beneficiaria del proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda.
Para dicho proyecto, el Sistema de Vivienda invirtió $70,200 en el proceso de escrituración e inscripción individual.
En total fueron 156 familias las beneficiadas con el proyecto que es una muestra del apoyo de la administración del presidente Nayib Bukele.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que por muchos años las familias fueron víctimas de estafa, de promesas falsas y constantes amenazas de desalojo por parte de la que fuera dueña de estos lotes. Además, nunca tuvieron apoyo de los gobiernos anteriores.
«Podemos decir que se ha hecho justicia, son 156 familias que hace más de 15 años, con esfuerzo y sacrificio, terminaron de pagar su lote, pero la propietaria de la lotificación les daba largas y nunca les entregó las escrituras, siempre con promesas falsas», dijo Sol durante el evento de entrega de escrituras.
Añadió que en 2011 la comunidad se organizó para llevar el caso ante los juzgados ganándole a favor de la Adesco Nueva Sociedad, pero no procedió. Sin embargo, fue hasta en 2022, con la administración Bukele, que buscaron el apoyo del Ministerio Vivienda.
Del total de escrituras entregadas, según la funcionaria, el 59 % están inscritas a favor de mujeres, una forma de empoderarlas y proteger un bien familiar. Además, a partir de ayer podrán tramitar los servicios de agua potable y energía eléctrica para el beneficio de los más de 800 habitantes de la zona.
Por otra parte, aseguró que en el pasado no existía voluntad política para resolver estos casos, pero como Gobierno Central, a través de la Mesa de Casos Colectivos donde se articulan cinco instituciones que trabajan con un marco legal sólido, se ha beneficiado a más de 40,000 familias, liberando una inversión de $46.2 millones.