Tomza es un grupo que nació en México hace más de medio siglo. Con sólidos planes de inversión se expandió a Centroamérica, para lo cual se estableció en 2000 en Guatemala, luego en Honduras, El Salvador y Costa Rica. En 2015 optó por hacer negocios en Nicaragua, donde su millonaria inversión fue confiscada por el Gobierno orteguista el año siguiente.
Y es que la estabilidad y la seguridad jurídica y operativa de las empresas centroamericanas en Nicaragua se están viendo vulneradas como resultado de las dinámicas gubernamentales, donde la palabra «expropiación» se ha convertido en un fantasma de acecho que amenaza a las compañías legalmente establecidas.
La envasadora de gas licuado Tomza Centroamérica, con presencia en los diferentes países de la región, se convirtió en una de las últimas empresas expropiadas por el Gobierno que dirige Daniel Ortega; según la información, en 2016 y a un año de que la compañía inició el proceso de construcción de su planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP), sus instalaciones fueron custodiadas por agentes de la Policía Nacional de Nicaragua bajo una dinámica gubernamental aplicada a otras empresas privadas que han sido expropiadas por el Gobierno de Daniel Ortega.
Bajo la custodia de la Policía Nacional, a cargo de la delegación del municipio de Tipitapa, no se permitió desde julio de 2016 el ingreso de ninguna persona a la planta de Tomza; y fue el pasado 8 de marzo cuando personeros de una empresa petrolera estatal — Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic)— se presentaron en las instalaciones para efectuar cambios de imagen en la infraestructura.
Pintaron las paredes con los colores oficiales de esa reconocida empresa estatal, en un claro hecho de apropiación de un bien privado, en este caso de una planta de gas.
De acuerdo con el vocero de Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, uno de los argumentos que utilizaron las autoridades de Nicaragua para expropiarlos de la planta fue que los tanques de almacenamiento «fueron ingresados sin los respectivos permisos», algo que para la compañía es inaudito e imposible, ya que esto es esencial para llevar a cabo sus operaciones contempladas en un serio plan de expansión e inversión como lo ha hecho en Honduras, Costa Rica y El Salvador.
«Los tanques ingresaron legalmente y tenemos el comprobante de impuestos de Aduanas, de todo. Ya estando adentro nos dijeron que no estábamos autorizados para operar. Así, de la nada, nos revocaron el permiso. La autoridad tiene todo el derecho, pero nosotros lo vimos como mal el hecho de que “si construyes ven, y ya cuando la terminas te la quito”», denunció Carreón.
El ejecutivo afirma que «es una verdadera incertidumbre, pues a pesar de que sabemos la incertidumbre del país, crea una incertidumbre jurídica para inversionistas extranjeros y luego mancha a todos los países centroamericanos, porque nosotros vemos Centroamérica como un solo ente».
Para Carreón, quien confirma que Tomza invirtió cerca de $4 millones en esas instalaciones ahora expropiadas, «esas acciones crean una incertidumbre de desconfianza de inversión extranjera que no nos da una certeza jurídica».
Según información extraoficial y documentos de la Procuraduría General de la Nación, en la «certificación de la resolución 350-2020 de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que el inmueble tiene un área de 84,601.487 metros cuadrados menciona que 77,714.42, delineada a favor de Corporación Tomza, S. A., y que el área de 12,042.69 metros cuadrados pertenece al Estado de la República de Nicaragua, que es exactamente el área delimitada con el muro perimetral dentro del cual están las instalaciones».
Si bien la expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación nicaragüense, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada al Estado, para eso debería cumplirse también una serie de garantías y derechos para las empresas que por años han generado fuentes de empleo en la nación. Pero en este caso eso no ha sucedido.
Para las autoridades de la empresa expropiada, Tomza, el hecho es sin precedentes y sin cumplimiento de los procesos establecidos por las mismas leyes de dicho país. A la vez, se muestran preocupados por la continuidad y la protección laboral de cientos de empleados de la empresa, quienes, con los años de operar en Nicaragua, han sacado adelante la producción y han obtenido resultados que ahora serán un beneficio directo para el Estado.
OTROS CASOS DE EXPROPIACIONES
Otros casos de confiscación de empresas ocurrieron en 2018 con los medios de comunicación «100 % Noticias» y «Confidencial», que fueron cerrados. Estos medios catalogaron de «robo y expropiación» por parte de la administración de Daniel Ortega, incluyendo la orden de colocar rótulos en los exteriores de las sedes de esas empresas de comunicación que permanecen tomadas por la Policía Nacional.
Dentro de dichos medios fueron colocados carteles en los que se lee que los edificios pasarán a manos del Estado, pese a que legalmente no existe ningún fallo que lo justifique.
En Centroamérica, diferentes empresas han sufrido en cuanto a explotación de recursos naturales, como la minería, hidroeléctricas e hidrocarburos, además de la expropiación de frecuencias de televisión, radio, telefonía e internet.
Los fallos judiciales adversos a las empresas, los conflictos sociopolíticos y los problemas económicos y fiscales, sobre todo tras la pandemia de la COVID-19, son algunos de los factores que entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en la región centroamericana, y con ello frenan el crecimiento económico.
¿QUÉ ES TOMZA?
Es un grupo empresarial dedicado desde hace más de 50 años a la comercialización, importación, distribución, almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo (GLP) por medio de 90 plantas de almacenamiento, cinco terminales terrestres y tres terminales marítimas para gas de importación; todo esto distribuido en 15 estados del territorio mexicano y en cinco países centroamericanos.
Desde 2001, Tomza Centroamérica, con sede en Guatemala, tiene a su cargo las operaciones para el resto de los países de la región y Belice en lo correspondiente a transportación, distribución, comercialización y exportación de gas licuado de petróleo o propano.
En 2015 se lanzó para expandirse en Nicaragua, donde construyó una planta, la cual, al estar terminada en 2016, fue confiscada por el Gobierno de Daniel Ortega, que mandó a colocar los logos y colores de Petronic, la empresa estatal nicaragüense de petróleo, a la infraestructura de Tomza.
¿QUÉ ES PETRONIC?
Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) es una entidad estatal de giro comercial que con su marca Petrogás apoya y participa en las iniciativas del Gobierno de Ortega contenidas en el plan nacional de desarrollo humano y reducción de la pobreza, que ha trazado líneas de trabajo para «garantizar el consumo masivo de gas licuado de petróleo (GLP)».
