En un mismo día, El Salvador tuvo dos buenas noticias sobre el combate a la corrupción y a la delincuencia de cuello blanco. Primero, un juzgado decidió que los exdirigentes de ARENA implicados en el desvío de $10 millones donados por Taiwán para las víctimas de los terremotos de 2001 hacia las cuentas del partido tricolor debían devolver ese dinero.
De ese modo, el expresidente Antonio Saca, quien fungía en ese momento como presidente de ARENA y era el candidato presidencial, debe devolver $6 millones, en tanto que Juan Wright, padre del actual diputado Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, y Gerardo Balzaretti, hombres fuertes del partido, deberán pagar $2 millones cada uno.
ARENA se apropió de los fondos donados por medio del entonces presidente Francisco Flores, quien los desvió a cuentas bancarias del partido para financiar la campaña presidencial de Saca. Parte de ese dinero estaba destinado a adquirir viviendas para las familias que lo perdieron todo en Las Colinas, Santa Tecla. Sin embargo, la ayuda internacional nunca llegó porque políticos corruptos la interceptaron y utilizaron para beneficio personal.
La segunda buena noticia es que la Asamblea Legislativa inició, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso de antejuicio en contra de Norman Quijano, excandidato presidencial de ARENA que negoció votos con pandilleros. Quijano había estado protegido por su correligionario en la Fiscalía Raúl Melara, quien curiosamente inició un proceso en contra del también exalcalde capitalino el mismo día en que este huía del país con rumbo a Honduras, justo al terminar su fuero por ser diputado.
ARENA, en un intento por proteger a su pupilo, postuló a Quijano al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para mantener su inmunidad. Quedaban unos meses entre la elección y la toma de posesión, por lo que Quijano se asentó en Honduras. Ahora que Quijano ya tomó posesión, la FGR ha solicitado iniciar el desafuero, tal como lo dicta la Constitución de la República y recoge el Tratado Consultivo del Parlacen.
Sin embargo, ARENA ya no tiene el poder para dar protección a sus delincuentes premium. Uno ya está en la cárcel y el otro debe responder por haber adquirido compromisos con estructuras criminales dedicadas a llevar luto y dolor a las familias salvadoreñas. Quijano, al buscar refugio en Honduras, hace lo mismo que Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, los expresidentes del FMLN que se nacionalizaron nicaragüenses en procesos exprés para evadir la justicia.
El pueblo salvadoreño está empezando a ver que la justicia ya no es mercancía de los grupos fácticos, sino que ahora busca cumplirle a todos los ciudadanos. Es una deuda histórica que comienza a ser saldada.