El sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud de Guatemala informó el sábado que la alerta roja se extendió a 217 de los 340 municipios en el país debido al aumento de casos de coronavirus, es decir, que el 63.8 % del territorio nacional se encuentra en emergencia máxima.
En 14 días, 34 municipios se añadieron a la alerta roja, según el último recuento publicado el 26 de junio. En la reciente actualización, 64 municipios se encuentran en naranja y otros 59 en amarillo.
Esto sucede en un momento en el que el Gobierno ha sido criticado por la lentitud y escasez de vacunas y por el desorden que se ha generado en los centros habilitados para el proceso.
El Ministerio de Salud indicó que ha suministrado 920,215 dosis, cuando el plan es llegar a 10.7 millones de guatemaltecos inmunizados.
Mientras el presidente de la república, Alejandro Giammattei, y la ministra de Salud, Amelia Flores, acusan del elevado número de contagios —291,595 casos acumulados y los 9,050 muertos— a la presencia de más variantes en Guatemala y al descuido de la población, instituciones como Acción Ciudadana y la Procuraduría de los Derechos Humanos culpan a los líderes políticos por la mala gestión durante los 15 meses de pandemia.
Las autoridades sanitarias reportaron que la tasa de mortalidad subió a 51.4 por cada 100,000 habitantes, al igual que la tasa de positividad con más del 25 %, en las últimas semanas.
La ola de críticas y nuevos casos condujeron al Ejecutivo a reaccionar de forma tardía con la introducción de una iniciativa de ley en el Congreso para acelerar la adquisición de vacunas el jueves pasado.
El pronunciamiento del sector privado y de los organismos independientes con la presión por una sesión en el Legislativo quedaron en vano, pues pese a la urgencia diaria por la crisis generada por la pandemia, el Congreso no procedió a una sesión extraordinaria durante el fin de semana, sino hasta este día para evaluar el proyecto de ley.
Este permitirá comprar las dosis y eximir a los proveedores de responsabilidades en casos de efectos adversos.
La iniciativa cumple con el reglamento que exigen las farmacéuticas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.
El país estuvo en rojo la semana pasada debido a la limitada cantidad de dosis disponibles, que solo alcanzaban para inmunizar durante cinco días. El plazo se extendió por la donación de 150,000 dosis de parte de México.
Ayer la bancada legislativa Winaq citó al canciller, Pedro Brolo, y a la ministra de Salud este martes a fin de que rindan un informe por su poca intervención para prevenir las olas, por las que ahora Guatemala es vulnerable.
«Debido a la poca acción del Gobierno para garantizar la salud y la vida durante la pandemia, la bancada Winaq ha citado al canciller Pedro Brolo y a la ministra de Salud, Amelia Flores, para que rindan cuentas hoy a las 9 de la mañana», publicó el bloque parlamentario en Twitter.