La semana pasada, la Fiscalía ordenó la captura del comisionado presidencial, Cristian Flores, acusado de pedir sobornos a empresas para otorgarles trato preferencial para obtener contratos con el Estado. La Policía Nacional Civil ejecutó la detención de uno de los que había sido un alto funcionario en el Gobierno, precisamente porque usó su posición para sacar ventaja, faltando al Gobierno entero.
«No es el primero y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas», aseguró el presidente Nayib Bukele a través de la red social X.
El presidente Bukele acompañó su post con un video de una reunión con su gabinete y otros miembros del Órgano Ejecutivo, antes de las elecciones, para avisarles que había invitado al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, para que investigara a todo su equipo.
En esa ocasión, el presidente Bukele les dijo a los funcionarios, entre los que estaba presente Cristian Flores, que él no iba a permitir que corruptos mancharan su legado, como le sucedió al expresidente José Napoleón Duarte, «que no robó pero se rodeó de ladrones».
La detención de Flores demuestra el firme compromiso del presidente Bukele para combatir la corrupción, venga de donde venga.
Es una clara expresión del combate al flagelo que durante décadas padeció el país. A diferencia de los gobiernos de ARENA y del FMLN, en la administración del presidente Bukele no se protege a los delincuentes.
Lo que solía pasar en las gestiones de ARENA-FMLN era un esfuerzo deliberado no solo para ocultar a los corruptos, sino también para garantizar la impunidad. Un componente principal en la alianza de la vieja clase política era proteger a los corruptos.
Esa es la razón por la cual los gobiernos del FMLN dejaron pasar los actos criminales de sus antecesores. En el pasado, ARENA incluso promovió un decreto para amnistiar los delitos cometidos por la guerrilla, lo que permitió que se convirtiera en partido político, a pesar de haber sido un grupo armado y haber violado flagrantemente diversas leyes.
En el Gobierno del presidente Bukele ningún funcionario está por encima de las leyes. Para que El Salvador tome el camino del desarrollo, sus líderes deben respetar el marco legal. Los funcionarios deben dar el ejemplo y demostrar que el país ha superado la época oscura de la corrupción.