En el estudio de las reformas a la Constitución que lleva a cabo la comisión «ad hoc» se han considerado las modificaciones a la contraloría pública y social, que ejerce la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Mauricio Rodríguez, integrante de la comisión «ad hoc», explicó ayer que trabajan en un esfuerzo encaminado a transformar la estructura organizacional del Estado para hacerla eficaz y que responda a las necesidades de la sociedad actual. «Dada la coyuntura de proponer las reformas a la Constitución se considera incorporar dos elementos: la contraloría debe ser pública, que tiene que ver con la hacienda pública y el gasto del presupuesto; y social», expresó Rodríguez.
El experto explicó que la contraloría social es la que cumple con las base de otras instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor, ya que al cambiar la forma en la que se constituyen estas entidades y su forma de operar se espera que haya un mejor control de la actividad del Estado.
Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos y el patrimonio del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético de la función pública y detectar las prácticas antiéticas y corruptas.