«La Navidad del 2019 fue una de las peores navidades de mi vida, no salí a la calle, no fui a misa, tenía mucha pena y, además, me sentía juzgada», manifiesta Marcela Hernández (nombre ficticio) al recordar el proceso que vivió hace un año cuando, un video íntimo que envió a su novio se filtró y fue compartido entre sus familiares, amigos y varios habitantes de su ciudad natal.
Mientras Marcela, de 45 años, relata su experiencia, su voz se quiebra, las lágrimas afloran, el nerviosismo es evidente en el movimiento de sus pies y manos. El hecho de que un video, que solo era para ella y su pareja, se volvió público, asegura que le causó tristeza, enojo, depresión y mucha desconfianza.
«Eso de sentirte juzgada por muchos de tus conocidos y que te vean en condiciones que son privadas es una cosa que te daña mucho psicológicamente, te deprime y solo querés que te trague la tierra. Desde ese momento tuve que afrontar todo lo que se vino y tratar de ser una mujer fuerte», dice.
Marcela fue víctima del delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal, sin embargo, su caso no se ve reflejado en las 324 denuncias en el 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR). La víctima explica que no pudo proceder penalmente porque, según abogados consultados, no podía demandar a alguien que estuviera fuera del país.
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En la mayoría de casos registrados el año pasado, las víctimas fueron mujeres (210), 107 hombres y siete están sin especificar, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) de la FGR. Entre el 1 de enero al 12 de diciembre de 2020, la Fiscalía reportó 320 denuncias por ese ilícito; en las que 186 son mujeres, 131 hombres y tres sin especificar.
El referido delito está contemplado en la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos que entró en vigencia el 4 de febrero de 2016 y tiene como objetivo «proteger los bienes jurídicos de aquellas conductas delictivas cometidas por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos…».
A pesar de ello, de las 644 denuncias por el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal, en los últimos dos años, solo en seis se logró condenar a los infractores.
Los imputados por el delito de revelación indebida de datos o información personal pueden enfrentar condenas entre tres a ocho años de cárcel, de acuerdo con el artículo 26 de la mencionada Ley.
«El que sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal revele, difunda o ceda en todo o en parte, dicha información o datos a los que se refiere el presente artículo, sean éstos en imágenes, video, texto, audio u otros, obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos precedentes, será sancionado con prisión de tres a cinco años», se lee en el artículo.
«Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior, se hubiese realizado con ánimo de lucro, la comisión de otro delito o se difunda material sexual explícito en perjuicio de un tercero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años», agrega.
Marcela asegura que le hubiera gustado que la persona que compartió su video hubiera sido juzgada para sentar un precedente con su caso. «No denuncié porque la mujer no estaba en el país, sino yo sin pensarlo lo hubiera hecho. La responsable no está en el país y por eso no pude proceder penalmente», explica.
«Un amigo me dijo del video, luego se lo enviaron a mi tía»
La víctima relata que la pesadilla comenzó tras la llamada de un amigo para contarle que su video ya era conocido por varias personas, luego el contenido llegó a una amiga de su tía, quien lo compartió con su familiar.
A Marcela esa situación le generó mucha preocupación al punto que cuando regresó a su pueblo no salió a la calle por días, tenía temor del qué dirán y «psicológicamente estaba enferma». Cuenta que con el pasar de los días descubrió a la responsable del caso y que la filtración del video había sido producto de un jaqueo al celular de su novio.
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A un año de ese percance, la víctima manifiesta que aprendió la lección a no confiarse de las personas que les digan que las aman. Ella aconseja a todos las mujeres u hombres que sean cuidadosos con el tipo de contenido que envían a través de las redes sociales porque puede llegar a manos equivocadas y generar procesos complicados, terribles, dolorosos.
«Es una información privada y no se puede divulgar a menos que vos autorices. No se puede confiar, aunque diga que es tu novio, tu información es privada», dice.
A las víctimas de este delito las invita a denunciar, a no quedarse calladas y de esta forma frenar estas prácticas y llevar ante la justicia a todos aquellos que buscan dañar la dignidad de los ofendidos.
Ocho condenas por este delito desde 2016
La Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos está vigente desde 2016 y solo se reportan ocho sentencias condenatorias para delito, de revelación indebida de datos o información personal a pesar que entre 2019 y 2020 se registran 644 denuncias.
Este año se reportan cuatro condenas, en 2019 dos, en 2018 y 2019 una sentencia respectivamente.
Samuel tomó fotos íntimas a su pareja y las vendía a través de redes sociales
El año pasado fue arrestado Samuel Edgardo Escuintla Ardón, de 22 años, por tomar fotos íntimas con su celular a su pareja, las cuales eran publicadas en redes sociales con el objetivo de venderlas, según las autoridades.
De acuerdo con la investigación fiscal, Escuintla comercializaba las fotografías vía WhatsApp a un valor de $10.00. El caso ocurrió en Acajutla, Sonsonate y según el reporte, el hombre se aprovechó de la víctima cuando sostenía una relación con ella.
Al momento del arresto le incautaron dispositivos de almacenamiento USB, teléfonos celulares, entre otros.
Ana Belén publicó fotos de su compañera y la calificaba de prostituta
La hondureña Ana Belén Martínez, de 24 años, fue arrestada a principios de este año tras ser acusada de divulgar por las redes sociales información confidencial de una compañera de estudios.
Las investigaciones establecen que la imputada habría difundido fotografías e información con objetivos denigrantes en contra de la víctima, a quien incluso calificó de “prostituta” en una de las publicaciones que hizo a través de la red social Instagram.
