Hace unos días se cumplieron 39 años de la masacre de un millar de personas en el caserío El Mozote, en el municipio de Arambala. Esta atrocidad fue cometida por los elementos de un ejército que estaba al servicio de una cúpula corrupta y que luego buscaron la protección legal de sus aliados. Algunos soldados del Batallón Atlacatl, que perpetró la masacre, terminaron como diputados, y otros militares que supieron lo que ocurrió se dedicaron a poner en marcha una estrategia para ocultar el crimen.
La guerrilla y los grupos de izquierda usaron en su beneficio la justificada indignación internacional contra una masacre —la más grande en este continente— para conseguir aliados y financiamiento. Muchos años después sigue siendo la bandera de organizaciones cuyos líderes convirtieron la denuncia en su modo de vida. Así es como obtienen jugosos ingresos que jamás han destinado para el bienestar de la comunidad que vive en el caserío.
El gobierno ha anunciado una serie de obras para desarrollar —finalmente— la zona. Es mediante becas y con el mejoramiento de la infraestructura (calles, escuelas, una casa de la cultura, un CUBO) que el presidente Nayib Bukele dijo que su gobierno pretende empujar a la comunidad al futuro, en lugar de pedir perdón por hechos que cometieron otros. Derramar lágrimas falsas, como hizo el prófugo Mauricio Funes, no les sirvió de nada a los sobrevivientes de la masacre. Solo pretendió ser un golpe de efecto del exgobernante, perseguido ahora por el mal manejo de más de $350 millones.
Y qué decir, además, del papel de la Fuerza Armada actual, dirigida por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy. Ha sido plenamente superado el papel represivo que tuvo en el pasado, a las órdenes de los grupos de poder económico. Ahora los militares están al servicio de la seguridad pública y atienden las emergencias de la población, sean terremotos, inundaciones o el reparto de alimentos. Una Fuerza Armada que respete los derechos humanos y esté al servicio de la comunidad es un legado perdurable y la mejor forma de resarcir el daño que causaron los malos elementos en el pasado.
Los Acuerdos de Paz de 1992 pusieron fin al conflicto armado, pero de ningún modo solucionaron los problemas del país. De hecho, las causas que originaron el levantamiento quedaron prácticamente intactas, a pesar de las decenas de miles de muertos. Y, como la peor de las burlas, los paladines de la justicia social terminaron enriqueciéndose y aliándose con los que eran sus enemigos para frenar los verdaderos cambios.
Así las cosas, son los hechos —y no las palabras— los que definen a los líderes. ARENA y el FMLN ya tuvieron 30 años para definirse, aunque sus discursos digan otra cosa.
«Los Acuerdos de Paz de 1992 pusieron fin al conflicto armado, pero de ningún modo solucionaron los problemas del país. De hecho, las causas que originaron el levantamiento quedaron prácticamente intactas».