Una tasa de 31.14 homicidios por cada 100,000 habitantes, más de $24 millones pagados a las maras por extorsión, cárceles controladas por pandillas, una escalada de robos y el galopante narcotráfico en 2023 convirtieron a Honduras en el país más peligroso de la región. Los datos de la nación catracha distan mucho de la situación que se vive en El Salvador, gracias a los altos niveles de seguridad como resultado de la sólida estrategia del presidente Nayib Bukele.
En cuanto a los asesinatos, El Salvador finalizó con una tasa de 2.4 por cada 100,000 habitantes, que fue la más baja de la región. Costa Rica, que en años pasados fue considerada una de las naciones más seguras, el año pasado finalizó con 17.2 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, le siguió Guatemala con una tasa de 16.7, luego Panamá con 12 y Nicaragua con 7.
El mejor posicionado fue El Salvador, que pasó de tener 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023. El descenso histórico de las muertes violentas es el resultado del Plan Control Territorial (PCT) y el combate frontal a las pandillas, que también logró un descenso en las extorsiones,
los robos, las violaciones y otros delitos de alto impacto que por muchos años agobiaron a la población honrada.
«Hoy, a cuatro años de nuestro Gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que, por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, literalmente, de ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina», manifestó el presidente Bukele en su discurso en el 78.° período de sesio nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En esa oportunidad, el mandatario salvadoreño afirmó que «libertad» es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. «Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa», expresó.
HOMICIDIOS Y EXTORSIONES NO DAN TREGUA
A principios de enero, el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, informó que se registraron, al menos, 3,030 homicidios durante 2023. De acuerdo con las autoridades de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la inseguridad que vive actualmente el país golpea gravemente la inversión nacional y extranjera.
Agregan que, por la falta de seguridad y la extorsión, las empresas que están operando presentan problemas de competitividad, las micros y pequeñas empresas se ven forzadas a cerrar y se van del país.
Una investigación del medio de comunicación digital Criterio.hn reveló que en 2023 el crimen organizado
recibió 600 millones de lempiras ($24.33 millones) solo en extorsión a transportistas. El año pasado asesinaron a 57 transportistas de diferentes rubros que se negaron a pagar la extorsión.
El informe agrega que el cobro desmedido de extorsiones también ha generado otras consecuencias; por
ejemplo, más de 20 buses quemados y varias rutas de transporte paralizadas en Tegucigalpa.
Mientras que en El Salvador, de acuerdo con dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte, los transportistas están 100 % libres de pagar la extorsión que por décadas se vieron obligados a
entregar a los mareros. El cese del pago millonario se debe al plan de seguridad del Gobierno.
Por otra parte, un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que la extorsión no solo repercute en el ámbito económico, sino que ha obligado a miles de hondureños a desplazarse de sus hogares para salvaguardar su integridad física.
Entre 2016 y 2021, la institución atendió alrededor de 5,081 denuncias relacionadas con el desplazamiento forzado de personas, de las que 525, que representan alrededor del 10 % de los
casos, fueron por extorsión, que afectó a más de 1,700 personas.
PANDILLAS ORGANIZAN MARCHAS DESDE LAS CÁRCELES
Recientemente, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro informó que cabecillas de maras organizan protestas en las calles de Honduras desde las cárceles.
«La criminalidad es tan exacta para trabajar. Lo hemos comprobado porque, en los miles de teléfonos que hemos quitado, escuchamos cómo controlan lo que sucede en las manifestaciones desde la
cárcel: «Vayan y hagan bulla allá». Órdenes que salen de los centros penales», manifestó el director del Instituto Nacio nal Penitenciario de Honduras, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla.
En junio de 2023, 46 reclusas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un amotinamiento y un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cerca de la capital de Honduras.
La situación en El Salvador es completamente opuesta, pues desde 2019 el Gobierno tomó el control de los centros penitenciarios que antes eran controlados por las diferentes estructuras terroristas.
Una de las primeras medidas implementadas en las prisiones fue cortar definitivamente toda la comunicación de los reclusos con el exterior, con el bloqueo de la señal de los celulares. En la administración actual no se han registrado amotinamientos.