El gran sociólogo, economista y jurista alemán Max Weber dijo en alguna ocasión: «La acción social es aquella que afecta la conducta de otros». En nuestro país, lastimosamente, nuestros servidores públicos han tenido una conducta antiética y nefasta, por decir lo menos, que ha incidido de forma negativa en la población. El servicio público es para servir a los demás, y este se desnaturaliza cuando se piensa solamente en el beneficio propio; esto mientras nuestro país ha estado sumergido en una profunda desigualdad de clases sociales y de oportunidades.
Actualmente, nuestro país vive una coyuntura que nunca los salvadoreños habíamos vivido. Las personas que durante años trabajamos desde la trinchera que nos ha tocado, por pequeña o grande que sea, tratando de hacer conciencia a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, etcétera, denunciando, visibilizando la corrupción y exigiendo justicia. Hoy que están cayendo «encorbatados», que se ha descubierto y expuesto públicamente el «modus operandi» de los gobiernos anteriores, la lucha por la justicia social y la equidad tienen más sentido que nunca.
La práctica de los sobresueldos, además de ilegal, es antiética y transgrede totalmente el sentido del servicio público. Es que las verdaderas revoluciones causan cambios sociales pero sobre todo estructurales, y hoy es el punto de partida. No las revoluciones que destruyen puentes ni las que matan gente por matar o las que ven el secuestro como una fuente de financiamiento, ya que años después esos que se mataron durante 12 años y se llevaron a miles de salvadoreños inocentes de paso se unen contra un «enemigo en común», un enemigo que jamás van a poder vencer. Por cierto, ellos creen que es una persona, cuando su verdadero enemigo es el soberano pueblo salvadoreño, el clamor popular, ese clamor popular que se siente avergonzado por haber elegido líderes como los que elegíamos, ese clamor que se siente traicionado pero sobre todo excluido, y que hoy reclama respeto y justicia.
Están comenzando a ser procesados penalmente exfuncionarios por actos de corrupción, y esta será la primera piedra de la gran avalancha que se avecina, y cada salvadoreño y funcionario siempre debemos ser vigilantes y garantes del Estado de derecho; es decir que el Estado siempre debe estar sometido al imperio de la ley; en estos casos en particular se le deben dar a los imputados todas las garantías procesales y salvaguardar sus derechos constitucionales, tienen derecho a tener contacto permanente con sus abogados, a estar informados del proceso penal en su contra, a notificarles todo acto procesal; ya que será la ley por medio de un juez la que debe juzgarlos.
La Fiscalía General de la República tiene la enorme responsabilidad de proveer y robustecer de pruebas a todo el proceso penal. Lo que muchos hemos denunciado y querido por años que personas corruptas sean arrestadas y enjuiciadas ha llegado; así que hoy más que nunca la lucha social y la cultura de denuncia que jamás deben dejar de existir tienen sentido.