El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitió una denuncia interpuesta contra el diputado Rodolfo Antonio Parker Soto, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR); Roberto Antonio Anzora Quiroz y el asesor de la Asamblea Legislativa; Mártir Arnoldo Marín Villanueva, por supuestamente haber entregado información o difundir información reservada o confidencial.
La información presuntamente entregada por parte del presidente de la CCR al diputado Parker es la del «Examen Especial al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), relacionada con el proceso de entrega de paquetes agrícolas por el periodo 1° de junio de 2019 al 30 de junio de 2020, auditoria que aún no ha finalizado y tiene reserva.
El proporcionar este tipo de información es una infracción muy grave, según lo establecido en el artículo 76, letra b de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). «Las infracciones a la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves. Son infracciones muy graves: b. Entregar o difundir información reservada o confidencial», detalla el referido artículo.
En su denuncia, Enrique José Martínez Rivas expuso a los comisionados del IAP que el 11 de agosto de 2020 mientras algunos diputados sostenían una reunión con el ministro Pablo Anliker, el diputado Rodolfo Parker recibió información por medio de un chat de WhatsApp por su asesor Mártir Arnoldo Marín Villanueva, en el cual indicó que el magistrado Roberto Antonio Anzora Quiroz compartió información de carácter reservada relacionado a un proceso de auditoría que actualmente se encuentra realizando la Corte de Cuentas de la República, denominado «Examen Especial al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), relacionada con el proceso de entrega de paquetes agrícolas por el periodo 1° de junio de 2019 al 30 de junio de 2020», y según el denunciante la CCR no ha terminado.
Martínez Rivas también agregó la resolución MAG-OIR N° 131 2020, emitida por el oficial de información del MAG, «señalando que es prueba pertinente y útil para demostrar que se ha revelado información declarada como reservada por parte de los tres funcionarios mencionados (Sic)».
De ser encontrados culpables, Parker, el presidente de la CCR y el asesor legislativo tendrían que pagar entre 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios y en caso de ser impuesta deberá ser pagada con fondos propios y no de la administración pública, según lo dicta el artículo 77 de la LAIP.
En la resolución, los comisionados detallaron que los presuntos responsables tienen derecho a formular sus alegaciones, presentar prueba de descargo hasta el día de la realización de la audiencia oral y a no declarar contra si mismos.
Según el artículo 88 de la LAIP, en el plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de la denuncia, los señalados deben presentar su informe de defensa ante la denuncia interpuesta por Enrique José Martínez.
El 17 de agosto del año pasado, la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue un probable delito de tráfico de influencias por parte del diputado Rodolfo Parker, del PDC con respecto al caso de divulgación de información.
