El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) informó que ha iniciado un proceso sancionatorio en contra del diputado y jefe de fracción del partido ARENA, Carlos Reyes, tras determinar que habría alterado información en su declaración patrimonial.
El 14 de diciembre del año pasado, la abogada independiente Katia Hernández Iglesias interpuso una demanda ante el IAIP en contra de Reyes, ante una supuesta alteración en su declaratoria a la Sección de Probidad de la CSJ.
En esa ocasión, Hernández manifestó que Reyes habría violado la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al haber modificado información de más de 100 propiedades que aparecen a su nombre en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Según el artículo 76 de la LAIP, el hecho de «sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión» podría significar una multa de 20 a 40 salarios mínimos.
Ante el anuncio de la IAIP, la abogada Tahnya Pastor manifestó en Twitter que el diputado podría estar cometiendo el delito de falsedad documental agravada, que procedería en un antejuicio, según lo establecido en los artículos 284 y 285 del Código Penal.
El artículo 284 del Código Penal dice que «el que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o auténtico insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar será sancionado con prisión de tres a seis años».
Mientras que el artículo 285 establece que «si el autor fuere funcionario o empleado público o notario y ejecutare el hecho en razón de sus funciones, la pena se aumentará hasta en una tercera parte del máximo y se impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio del cargo, empleo o función por igual tiempo».
«Diario El Salvador» publicó una investigación que evidenció que Reyes pasó de tener un patrimonio de $570,306.91 durante su primer período en 1997 hasta triplicarlo a $1,683,453.25 en 2018, de acuerdo con la versión pública de la declaración jurada de patrimonio presentada ante Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
