La investigación técnica y científica realizada por la Fiscalía durante un mes, acreditó la premeditación y alevosía en la privación de libertad y luego homicidio de la enfermera Iris Raquel Ramírez del Cid y Javier Ernesto Salinas Rivas, la madrugada del 4 de enero de 2020 en Rosario de Mora, San Salvador.
En las pruebas recopiladas los investigadores detectaron que los imputados hicieron una serie de maniobras para borrar evidencias, llegando al nivel de calcinar a las víctimas, según el informe de Medicina Legal los cuerpos quedaron en un grado de carbonización de un 80% y 94.5%.
A las 5:15 de la mañana del 4 de enero un ciudadano llamó al 911 para reportar que en el sector de La Curva de La Media Luna, jurisdicción de Rosario de Mora, había dos cuerpos en llamas, cuando los agentes llegaron a verificar encontraron esa escena calificada como un «acto de barbarie» por la Fiscalía.
«Los imputados hicieron todas las maniobras a efecto de ocultar su crimen, hicieron todos los actos habidos y por haber, pero, este es un mensaje para los criminales. No hay crimen perfecto», dijo al finalizar la audiencia Carlos Herrera, quien ha dirigido la investigación desde la Fiscalía de San Marcos.
En declaraciones brindadas, el jefe de esa oficina fiscal no se atrevió a mencionar el móvil del crimen, que por el momento solo se puede establecer que a Javier Ernesto Rivas Salinas, le solicitaron que les hiciera un viaje a Guatemala, pero que al final lo terminaron llevando junto a su amiga Iris Raquel, hasta un rancho en la playa San Diego, en La Libertad.
En el desarrollo de la audiencia, Herrera le expuso a la jueza que como Fiscalía tuvieron acceso a un testigo quien les manifestó que Javier Ernesto le había comentado que en la empresa donde trabajaba había tenido problemas con un amigo a quien conoce como «coyote».
El testigo le sugirió a su amigo Javier Ernesto que buscara la forma de llevarse bien con los compañeros de trabajo, horas antes de hacer el supuesto viaje a Guatemala, el informante se enteró que el servicio de transporte se lo haría a José Fernando Orellana Bernabé, el «coyote» del que ya le había hablado.
Al menos cuatro testigos han dicho que a Javier Ernesto, Orellana Bernabé le pidió que le hiciera el viaje a Guatemala y que le iba a pagar $500, pero como el vehículo con el que trabajaba en la plataforma inDriver era alquilado, le llamó a su amiga Iris a quien conocía desde hace 12 años para que fueran en su vehículo y que se iban a repartir $250 cada uno.
La enfermera quien trabajaba en el Seguro Social le dijo que por no tener ninguna de las vacunas contra el Covid-19 debía ir a un hospital privado a practicarse la prueba de antígenos y presentarla para salir del país.
En las cámaras quedaron grabados cuando ingresaron al centro médico, a Javier Ernesto se le vio que ese 3 de enero andaba puestos unos zapatos marca Nike, el pasado viernes cuando la Fiscalía allanó la casa en la playa San Diego, encontró esos zapatos.
Cuando las victimas iban hacia el Puerto de La Libertad por las personas que iban a viajar supuestamente a Guatemala, se contactaron con el testigo con régimen de protección «Brasil» y le informaron que estaban en una gasolinera de una residencial privada de Zaragoza, que compraban comida para cinco personas.
A las 11:38 de la noche, Iris Raquel se comunicó vía WhatsApp con el testigo «Allegrato» para decirle que estaban en el sector de San Diego y que se sentía nerviosa, posteriormente Javier Ernesto le envió una foto tipo selfie y al fondo se veía una pared con ladrillos tipo ahumados, la casa allanada el pasado viernes es la misma que aparecía en la selfie.
La mañana del 4 de enero los testigos Brasil y Allegrato, llamaron a Iris y Javier, pero ninguno contestó, pese a que aparecían activos, a esa hora ya habían sido asesinados, según la Fiscalía los imputados consumaron el crimen entre las 12 y 12.40 de la madrugada del 4 de enero.
En diversas horas de la madrugada según análisis de activación de antenas, de los teléfonos de los imputados y de las víctimas fueron ubicados en el sector de San Diego y en el lugar donde fueron calcinados los cuerpos en Rosario de Mora, el teléfono de Javier Ernesto, fue vendido por Julio César Hernández Rivera a un amigo en $90, después fue comprado por un reparador de teléfonos en el mercado Dueñas, de Santa Tecla, y finalmente fue ofertado en una plataforma en internet, un menor de 16 años lo terminó comprando.
Cuando la Fiscalía tenía indicios de los imputados pidió al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador que autorizara intervenir sus teléfonos. El 12 de enero, en las llamadas se escucha que los imputados están preocupados porque ya les andaban cerca.
En las conversaciones José Fernando Orellana Bernabé, le dice a uno de los imputados «no te preocupes, si ese (Javier Ernesto) no me conocía por mi nombre», según el ministerio público este sujeto quien se dedica al tráfico ilegal de personas, tuvo el control total de los hechos.
En las escuchas telefónicas los fiscales oyeron cuando el imputado David de Jesús Rivera Pérez, estaba muy preocupado y manifestó que él solo había movido el carro, en algún momento incluso tuvo la intención de ir a la Fiscalía para contar todo lo ocurrido.
En cuanto a las imputadas, Edith Morena Sibrián de Álvarez y María Ángela Orellana Iraheta en la intervención a las telecomunicaciones se les detecta colaborando con los otros tres imputados, les informaban cuando a la zona de Santa Tecla donde residían llegaban vehículos policiales, es más, el teléfono que Orellana Bernabé, utilizó para planificar el hecho, estaba a nombre de Orellana Iraheta.
Antes, durante y después, hubo una fluida comunicación entre los cincos imputados, dice la Fiscalía, después del crimen les detectaron 30 llamadas entrantes y salientes de 15 y 20 minutos de duración.