El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, ha comenzado la audiencia inicial en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía General de la República también procesa a Francisco José Rivera, quien fungió como representante legal de la alcaldía capitalina y Fernando Portillo Linares, quien fue tesorero municipal.
Los tres enfrentan el proceso penal por haberse apropiado indebidamente de
$275,145, entre junio y diciembre del año 2020, pero con la multa e intereses el monto que deben pagar es de $571,258, dice el ministerio público.
En el expediente puesto a la orden del juzgado, el ministerio público señala que comenzó a indagar el caso tras un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en el que se detalló que una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, detectó que se había retenido renta por $275,145, pero que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
La Fiscalía ha solicitado que se les decrete detención provisional, si pagan el monto reclamado el juzgado el emitirá una excusa absolutoria y quedarán exonerados de forma definitiva, por la retención, pero el delito de incumplimiento de deberes no tiene una salida alterna inmediata.
El pasado viernes Muyshondt, enfrentó una audiencia por retención indebida de $21,000, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V., con las multas e intereses terminó pagando $50,645.42 para ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
Pero el exalcalde de San Salvador, en el caso de solventar esta causa penal, deberá seguir en arresto domiciliar que el pasado 4 de junio le impuso el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador en una audiencia especial de revisión de medidas, ya que Muyshondt es acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por haber supuestamente negociado con pandillas