El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ha comenzado a conocer desde hoy el proceso penal en contra de 21 exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, acusados por la Fiscalía General de la República de delitos de corrupción.
El expediente promovido por el ministerio público incluye a nueve imputados que el pasado jueves fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y otros 12 que no fueron localizados para ser capturados, pero que hoy comparecieron en su mayoría.
Los acusados presentes son: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de esa secretaría de Estado, Raúl Antonio López; el exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos.
El juzgado también resolverá la situación en la que van a quedar José Neftaly Batres Serpas, Carlos Orlando Fernández, Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Daniel Antonio Saget Menjívar, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los últimos 12 son empleados de ANDA, ocho de ellos se presentaron voluntariamente a la audiencia y según la Fiscalía recibieron sobornos de Asocambio, pero un defensor dijo que ellos solo hacían labores encomendadas tras un convenio suscrito entre los exfuncionarios de Centros Penales y Seguridad Pública con las autoridades de ANDA.
Según la acusación, los exfuncionarios procesados habrían creado una red para desviar millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio. Tras las investigaciones realizadas se logró determinar que incurrieron en peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
La representación fiscal detalla que se valieron de sus cargos para utilizar los fondos públicos con el fin de favorecer a ASOCAMBIO.
Lograron crear un mecanismo ilegal de administración de fondos de las tiendas penitenciarias, para beneficiar mediante compras diversas a ASOCAMBIO entidad que ellos dirigía.
Cuando fueron detenidos las autoridades dijeron que los imputados desviaron $14 millones para obtener beneficios personales, pero hoy previo a iniciar la audiencia dijo que no sabe cuánto fue el monto exacto de lo apropiado y que será una pericia financiera contable la que lo determinará, ni si quiera se atrevió a mencionar una cantidad.
La Fiscalía también ha dicho que se detectó que gastaron el dinero en aumento de salarios para los integrantes de Asocambio y compra de vehículos, pero los defensores han rechazado esos señalamientos, el abogado Pedro Cruz, expresó que los vehículos que tienen los exfuncionarios ya los tenían antes de incorporarse como directivos de ASOCAMBIO.