El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, ha comenzado hoy el proceso penal con «reserva total», en contra del ex expresidente prófugo, Salvador Sánchez Cerén, dos empresarios y 16 exempleados y exfuncionarios del gobierno del excomandante guerrillero del FMLN, quien junto a su familia huyeron hacia Nicaragua en busca de asilo.
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República acusan a Sánchez Cerén y a las demás personas por los delitos de peculado y lavado de dinero, según las pesquisas supuestamente sustrajeron de la Presidencia de la República, $183,860,715.02.
En el expediente la representación fiscal habla de una compleja red que los imputados crearon dentro de Casa Presidencial (CAPRES), para apropiarse de dinero que el Ministerio de Hacienda transfirió para el rubro de la partida de Fondos Reservados de la Presidencia, los fondos fueron desviados hacia personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con el Estado.
Entre los principales acusados figura el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político.
Además son procesados, Carlos Guardado y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia.
Hay 11 imputados que son prófugos ya que no fueron localizados para ser detenidos y ponerlos a la orden del juzgado.
A la audiencia han comparecido siete procesados, cuatro que fueron detenidos el pasado jueves 18 de agosto y tres que estaban con arresto domiciliar.
Se trata de Daysi Armida Díaz, quien fungió como tesorera institucional de la Presidencia, entre noviembre de 2016 a mayo de 2019, es acusada de peculado por haber firmado 193 cheques provenientes del estado y luego depositados en seis cuentas bancarias abiertas sin cumplir requisitos de ley.
Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial, quien es señalado de peculado y lavado de dinero, el ministerio público dice que gestionó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley.
También es procesado el empresario Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, por lavado de dinero, es una de las personas a quien le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito bajo ese rubro.
Manuel Arturo Ayala Orellana, acusado de peculado y lavado de dinero, quien fungió como director ejecutivo de la Presidencia en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, en los períodos 2009-2014 y 2014-2019. El imputado tenía orden de captura por el caso conocido como «Saqueo Público».
Enfrentan la tercera causa penal por corrupción en el Estado, Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, exasistente financiero y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de CAPRES, los tres fueron incluidos en las causas penales «Destape a la Corrupción» y «Saqueo Público».
También desviaron dinero de ayuda taiwanesa
El ministerio público también señala que hubo un desvío de fondos provenientes de donaciones de Taiwán por un monto de $3,968,547.19, ese dinero fue a parar a cuentas particulares y luego se extendieron cheques para el pago de supuestos proveedores.