El Juzgado de Paz de Meanguera, en Morazán, autorizó una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de excavaciones en las cercanías del río Torola, en el cantón Soledad, del referido municipio, para hacer la exhumación de restos humanos de más de una docena de personas que fueron sepultadas en dicha zona luego de ser asesinadas durante el pasado conflicto armado.
La exhumación de los restos es parte de un proceso que sigue la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado de la FGR, que cuenta con la declaración de un testigo que afirma que los cadáveres de un grupo de patrulleros de la extinta Guardia Nacional de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) fueron sepultados en dicho lugar.
«Eran patrulleros de la defensa civil. Dicen que ellos venían por la quebrada huyendo, que iban para Osicala. Los que los atacaron estaban al otro lado del río y los agarraron cuando venían cruzando. Ya muertos, los desvistieron a todos, abrieron la fosa y los enterraron ahí», relató Rosario Ramírez, familiar de las víctimas.
Además de la representación judicial y la Fiscalía, en la exhumación también participa personal del Instituto de Medicina Legal (IML), la sección de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
De acuerdo con la investigación, en dicho lugar podría haber enterradas 15 personas, y el caso se les atribuye a grupos guerrilleros que participaban en esa zona durante el pasado conflicto armado.
«Los hechos, según los testigos que presentan, sucedieron el 15 de marzo de 1982 en este lugar. Como administración de justicia estamos obligados a dar respuesta al usuario sobre las peticiones que haga, y en cuanto a esto es lo que pretendemos», señaló Douglas Baños, juez de Paz de Meanguera.
