La historia económica de El Salvador muestra que el Estado como instrumento político de la clase social oligárquica ha tenido una política económica que favorece la producción nacional, pero no ha tenido voluntad e ingresos suficientes para ponerla en práctica, con toda la potencia y efectividad necesaria para lograr un alto crecimiento económico; en la realidad, los principales impulsores del crecimiento económico han sido los altos precios de los productos de exportación y las remesas familiares.
He procedido a contrastar las principales hipótesis planteadas por las escuelas económicas que han surgido en los últimos 600 años, que relacionan la intervención del Estado en la economía y el crecimiento de la producción en un país (ver mis artículos publicados en Academia.edu: «Grandes teorías del desarrollo económico», «Hipótesis de obstáculos al crecimiento económico de El Salvador», «El Salvador todavía tiene una estructura social altamente excluyente» y «Mercados obstaculizan el crecimiento de la producción en El Salvador»). En este artículo planteo las conclusiones a las que he llegado sobre las hipótesis relativas a que la intervención del Estado ha sido un obstáculo al crecimiento económico del país.
El Estado salvadoreño ha promovido el incremento de la producción nacional:
Después de un período de crisis política en su proceso de creación, que duró aproximadamente 40 años, impulsó el establecimiento de plantaciones de café en los últimos 35 años del siglo XIX.
En la década de los treinta, durante la dictadura del general Martínez, protegió la producción artesanal e industrial.
Después de la Segunda Guerra Mundial promovió el establecimiento de plantaciones de algodón y caña de azúcar.
En las décadas de los cincuenta y sesenta promovió la producción de energía eléctrica, así como la industria de sustitución de importaciones.
En la década del setenta fortaleció las exportaciones industriales (especialmente la producción textil) fuera del área centroamericana.
En la década de los ochenta creó las condiciones para hacer un mejor uso de las tierras agrícolas ociosas, la ampliación de los servicios bancarios a los pequeños empresarios y la reorientación del comercio exterior.
En la década de los noventa se eliminó el control estatal de precios de los bienes de la canasta básica, se privatizó la banca y algunas otras empresas estatales, y se promovió la industria de la maquila.
En las últimas dos décadas se firmaron varios tratados de libre comercio, se promovió la inversión extranjera, se impulsó el programa de agricultura familiar y se crearon las condiciones para la modernización de las comunicaciones personales.
En la actualidad existen muy pocas empresas públicas que producen bienes y servicios. La carga de impuestos sobre la empresa privada es relativamente baja en relación con otros países de América Latina.
No obstante, la disminución unilateral de los aranceles a la importación y la dolarización que se realizaron en la década de los noventa disminuyeron la competitividad de la producción nacional; asimismo, la eficiencia del sector público es todavía relativamente baja.
El apoyo del Estado se ha reflejado en un incremento de la producción nacional, pero desde el punto de vista de los ingresos generados por este han estado orientados hacia las empresas grandes y medianas, los dueños de las empresas, sus principales ejecutivos y trabajadores especializados.
El problema principal de la intervención del Estado ha sido que no ha estado al servicio de la mayoría de la población: trabajadores, pobres, marginados.
