La historia salvadoreña demostrará que la ineptitud de gobiernos anteriores, voceros y apologistas permitieron que las pandillas mutaran de grupos barriales a una insurgencia criminal, siendo actores violentos no Estatales, y gracias a la cobertura mediática generaron la percepción de que era imposible eliminarlas y había que resignarse a verlos como un poder paralelo al Estado, legitimándolas y desmoralizando a la población honrada en el proceso.
Ese tejido social roto y desesperanza social encontró el presidente Bukele, siendo necesario crear el Plan Cero Ocio en las cárceles salvadoreñas, pues por todos era conocido que eran universidades del crimen y cuarteles donde las pandillas controlaban el país; al mismo tiempo, para combatir a los terroristas que estaban afuera se implementó el Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas, ya que estas eran una insurgencia criminal que enfrentaba al Estado por la lucha del control de los territorios para consolidar una economía ilícita derivada de la extorsión, el narcomenudeo y el blanqueo de capitales por medio de empresas y ONG fachadas.
Pero por fin, gracias al liderazgo del presidente Bukele, el Estado salvadoreño, a través de todo su poder legítimamente aplicado, con enfoque de derechos humanos, respeto a la vida y bajo el amparo de la Constitución y las leyes salvadoreñas, impulsa una lucha frente a estos terroristas que han mutado en insurgencia.
Sin embargo, al saber que las pandillas son una insurgencia criminal que busca dominar partes del territorio salvadoreño, es necesario analizarlas desde los aspectos esenciales de la guerra de guerrillas que tristemente tanto dolor causó en la década de los ochenta en El Salvador. Hay que recordar que estos insurgentes criminales, al no tener la capacidad de combatir frontalmente a la PNC y la FAES, evaden las fortalezas del Gobierno, utilizando el terreno a su favor, y tratan de golpear la moral realizando emboscadas. Esto podría indicar que están recibiendo asesoría de gente experta en guerra de guerrillas, pues dichas tácticas son idénticas a las cometidas por la insurgencia de los ochenta en El Salvador.
A pesar de ese terrorismo, el Estado salvadoreño lucha de manera legítima y con enfoque de respetos de los derechos humanos, ya que la seguridad pública es entendida como la situación social interna que permite el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución de la República, ante ataques a la tranquilidad y el orden público.
Asimismo, el Estado salvadoreño debe garantizar la seguridad nacional, definida como el conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superen perturbaciones y vulnerabilidades que limiten el desarrollo nacional. Ante eso es necesario impulsar una defensa nacional por parte del Estado, con el fin de destinar recursos y actividades coordinadas para hacer frente a las amenazas a la soberanía nacional y la integridad del territorio.
Y esta seguridad y defensa nacional son legítimas y válidas, convirtiéndose en un deber del Estado y un derecho de la ciudadanía, pues así lo expresa claramente la Constitución de la República de El Salvador.