El patrimonio de tres exempleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), será investigado a través de una pericia financiera contable que el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador ha autorizado a petición de la Fiscalía General de la República.
Al Ministerio Público le interesa saber si René Antonio Díaz Argueta, exgerente general de esa entidad, Delmy Beatriz Vela Jiménez, exjefa del Departamento de Inmuebles y Jeny Elizabeth Medina, excoordinadora de ventas, tuvieron un beneficio económico para facilitar la venta de cinco lotes en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, a la empresa Terrenos e Inversiones S.A., (Terrein) propiedad de Sigfrido Reyes y Byron Larrazábal, prófugos y con orden de captura desde el 14 de enero de 2020.
En enero de este año, German Arriaza, Fiscal Anticorrupción, explicó durante una conferencia de prensa que los tres exempleados del Ipsfa emitieron un dictamen para bajar el precio de los lotes vendidos a la sociedad Terrein, propiedad de Reyes y de Larrazabal.
«Específicamente, el tema relacionado con la compra de inmuebles de la sociedad Terrein al Ipsfa, también hemos vinculado con personas que realizaban funciones en la gerencia general y la jefatura de inmuebles», explicó el fiscal Anticorrupción, Germán Arriaza, conferencia de prensa
Cuando la Fiscalía inició el proceso penal acusó a los tres exempleados del Ipsfa de estafa agravada e incumplimiento de deberes, pero fueron puestos en libertad y sin ninguna medida por el Juzgado Decimoprimero de Paz de San Salvador. Otros ocho acusados en ese expediente también enfrentan el proceso en libertad, unos pagaron fianza de $20,000 y $30,000 por presuntos ilícitos de peculado y lavado de dinero. Entre todos los mencionados supuestamente blanquearon $6.5 millones, dice en el expediente la representación fiscal.
Cuando en febrero de 2014, el Ipsfa vendió a la empresa de Sigfrido Reyes y Byron Larrazábal, los cinco lotes, el general David Munguía Payés, fungía como ministro de Defensa la Defensa Nacional, pero en diciembre de ese año el entonces ministro, convocó al Alto Mando de la Fuerza Armada para dar una conferencia de prensa en la que defendió la legalidad de ese proceso.
«No ha existido ilegalidad en la venta de terrenos», dijo Munguía Payés el 9 de diciembre de 2014.
Munguía Payés, dijo que todo se hizo siguiendo los procedimientos de ley y que en ningún momento se favoreció al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes -ahora prófugo por presunto lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito, entre otros-. Cuando la Fiscalía General judicializó el caso en enero de 2020, reveló que hubo un plan para engañar al Ipsfa con la supuesta complicidad de los tres fejes de áreas que son procesados.
El Ministerio Público tiene en su poder un examen financiero que hizo la Corte de Cuentas de la República (CCR) el 22 de noviembre de 2019 a esa compraventa de inmuebles que hizo la sociedad Terrein S.A. de C.V.
En ese estudio se determina que los cinco terrenos debieron venderse en $545,849.87 y no en $440,501.01 que recibió el Ipsfa, por lo cual, al realizarse esa compraventa a través del engaño generado supuestamente por los tres exempleados de esa entidad, se causó un perjuicio patrimonial de $105,348.86, dinero que se quedó supuestamente en poder de Reyes Morales y que luego pasó a formar parte del dinero que, según la Fiscalía, este ex funcionario prófugo ha lavado.
