Un incendio ocurrido el pasado 13 de febrero en el sitio donde el siguiente día se iba a desarrollar una verificación de campo por equipos de auditores de la Corte de Cuentas (CCR) a un proyecto de agua potable en Conchagua, La Unión, ha despertado sospechas en la administración municipal, por lo que ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los hechos y determine si hubo mano criminal.
La petición al ente contralor para hacer una evaluación integral del proyecto fue hecha por la FGR ante una amplia denuncia por presuntas irregularidades cometidas por la administración anterior del exalcalde Jesús Medina, del partido ARENA.
La administración actual había hecho la misma petición a la CCR, pero no se había tenido respuesta hasta que la Fiscalía remitió el oficio en el que solicita que se practique un examen especial a ese proyecto de agua potable, en el que la administración anterior habría invertido más de $3 millones.
Para iniciar con las diligencias de supervisión, la CCR tuvo que notificar a todas las partes involucradas —entre ellas, el concejo municipal anterior— para que estuvieran presentes durante la visita de campo, la cual, a pesar del siniestro que sucedió el día anterior al 14 de febrero, siempre se hizo, pero los daños que causó el incendio en el área donde se encuentra el proyecto generaron algunas dificultades para recopilar información.
La obra bajo sospechas de irregularidades es la perforación de un pozo del proyecto de agua para la ampliación y el mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable para el área periférica y casco urbano de Conchagua, el cual está situado en un inmueble del sector conocido como El Palmarillo, sobre la carretera del Litoral.
«Es más que sospechoso que después de múltiples gestiones ante la FGR y la CCR se había logrado lo que mis representados siempre habían pretendido, que se hiciera una revisión integral de ese proyecto, incluyendo la parte física, y justamente a un día de eso personas fueron a incendiar precisamente el sitio donde están las instalaciones principales de este», dijo Pedro Bonilla, representante legal de la alcaldía.
Previo a la visita de campo, la CCR ya había notificado sobre algunas observaciones preliminares relacionadas con el control interno, financiero y de cumplimiento legal en torno a dicho proyecto, entre estas la alta asignación presupuestaria y disponibilidad financiera para la ejecución del proyecto, inconsistencias en arrendamiento de inmueble e inconsistencias en la adquisición del inmueble.
