El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado y la directora del Seguro Social, Monica Ayala firmaron, ayer, un convenio que permitirá coordinar esfuerzos e impulsar acciones en los procesos de investigación de la Fiscalía sobre delitos que afecten al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con este convenio, ambas instituciones podrán intercambiar información por medios informáticos, para investigar delitos relativos a la apropiación o retención de cuotas laborales u otros delitos que afecten al Seguro Social y a los derechohabientes.
«Departe de la Fiscalía nos complace suscribir este convenio de cooperación, este convenio nos va a brindar las herramientas necesrias para que la información fluya de una manera más efectiva hacia la dirección para la defensa de lo intereses del Estado», señaló el fiscal.
Agregó que por medio de esta dirección, la Fiscalia está en la disposición para poder iniciar todas las acciones de naturaleza penal en contra de los patronos que deliberadamente se quedan con las aportaciones de los trabajadores.
«Creo que es un tema de justicia, de reivindicación de los derechos laborales y la Fiscalía no dudará en iniciar las acciones en los tribunales penales en contra de estos malos empresarios que han decidido lucrarse con las aportaciones de sus empleados», apuntó Delgado.
Por su parte, la directora del ISSS, Monica Ayala se comprometió con el fiscal general para poder trabajar de la mano y detener a los empleadores que han descontado las cuotas del ISSS a sus empleados pero no la han declarado a la institución.
«Por años han sido ignoradas las moras patronales, los abusos de muchos patronos que retienen de manera inapropiada, lo cual es un delito porque retienen las aportaciones de sus empleados», indicó Ayala.
Agregó, «tenemos $85 millones de mora patronal y 51,594 patronos evasores, para nosotros es sumamente importante, porque por nuestros medios no hemos logrado recuperar esta mora, agradezco este apoyo».
Según las estadísticas de la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2022 la institución ha recibido un total de 1,785 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP).
Las estadísticas revelan que el año en que han recibido mayor cantidad de denuncias por apropiación o retención de cuotas laborales es el 2018 con 614, seguido del 2019 con 497 y 2020 con 340.
Los departamentos con más denuncias de este tipo de casos son San Salvador con 907, Santa Ana con 245 y San Miguel 161.
En cuanto a detenciones de empleadores, la Fiscalía reporta 12, siete en 2018, tres en 2019, dos en 2021; de estas una ocurrió en Santa Ana y 11 en San Salvador.
