Jean Manes pidió explícitamente, cuando fungía como encargada de Negocios de Estados Unidos (EE. UU.) en El Salvador, que Ernesto Muyshondt, procesado por incumplimiento de deberes, fraude electoral y agrupaciones ilícitas, fuera sacado del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, y siguiera con arresto domiciliar, según detalles de una conversación por WhatsApp que tuvo con el presidente Nayib Bukele meses atrás.
Fue el mandatario quien hizo pública la conversación con Manes, luego de que en la cuenta de Twitter del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Brian Nichols, apareció un mensaje señalando a Bukele de mentir con respecto a cuatro solicitudes que Manes habría hecho para favorecer a políticos salvadoreños, principalmente del partido ARENA, incluyendo a Muyshondt, involucrados en procesos irregulares.
En la cuenta, Nichols expresa que los señalamientos eran falsos y sin fundamentos. Bukele cuestionó esa publicación y dio a conocer la conversación que tuvo con Manes el 31 de julio de 2021 (según fechas de mensajes), en la que la diplomática le dice que «sería de interés para todos si se siguiera la orden del juez [de enviar a Muyshondt a arresto domiciliar]».
La respuesta del presidente Bukele a esa petición fue que el juez que llevaba el caso podría dictaminar el arresto en casa «sin una condición» legal para decretar esa medida sustitutiva a la prisión en cárcel.
Manes le refutó argumentando que no se decretaba la orden por falta de brazaletes electrónicos para Muyshondt, diciendo que «[el gobierno anterior] gastó una gran cantidad de dinero en esos brazaletes».
Bukele le respondió que dichos brazaletes no funcionaban, pero que eso no iba a ser impedimento para que los magistrados no decidieran enviar a Muyshondt a arresto domiciliar.
Con todos esos elementos quedó evidenciado que Jean Manes intercedió directamente por Ernesto Muyshondt y su salida de la cárcel.
Aparte de esa petición, la funcionaria estadounidense hizo, según publicó el presidente Bukele, tres peticiones más: no reelegir a Rodolfo Delgado en el cargo de fiscal general, no procesar judicialmente al expresidente Alfredo Cristiani ni al exfiscal general Douglas Meléndez ni a las personas señaladas de recibir sobresueldos en los últimos seis gobiernos.
A Cristiani se le señala de haber percibido $5.5 millones de la partida secreta de los gastos reservados de la presidencia en los últimos seis meses de su mandato (1989-1994) y fue citado a comparecer ante la comisión especial que investiga la entrega de esos fondos a exfuncionarios.
Contra Douglas Meléndez existe una denuncia por omisión de la investigación, por presuntamente no investigar hechos sucedidos en 2001, cuando era jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, y no indagar sobre un desfalco contra el Banco de Fomento Agropecuario presuntamente cometido por el empresario Enrique Rais.
Los abogados de este último interpusieron esa denuncia.
De los funcionarios que recibieron sobresueldos se ha señalado a varios que fueron parte de las administraciones de gobiernos de ARENA. Se menciona a los exvicepresidentes Ana Vilma de Escobar y Carlos Quintanilla Schmidt, a los exsecretarios Luis Mario Rodríguez y Rolando Alvarenga y a varios que fungieron como ministros en los 20 años de administración arenera.
Intromisión de Manes
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expuso ayer que las acciones de Jean Manes cuando era encargada de Negocios de EE. UU. en nuestro país constituyen una «intromisión» clara a procesos judiciales que están pendientes de resolver.
«El presidente Nayib Bukele tiene pruebas de los ánimos de la exencargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador para incidir en procesos de justicia que están aún en marcha», publicó Castro en Twitter, e hizo el llamado a que cesaran las acciones de injerencia en la política salvadoreña.