El analista político y exdiputado de la Asamblea Legislativa Juan José Martel reconoció que se redirigieron recursos de forma disfrazada desde las anteriores administraciones legislativas para beneficiar a partidos políticos y a organizaciones en las que estaban vinculados familiares de funcionarios.
El analista reveló algunos resultados del reporte presentado por la comisión de hacienda de la Asamblea en el que se detalla la erogación de hasta $159 millones a ONG en los últimos cinco años.
Según Martel, durante mucho tiempo llegó al congreso una cantidad muy amplia de solicitudes de asociaciones desconocidas que no cumplían el proceso administrativo adecuado para la aprobación del presupuesto solicitado, ya que eran grupos que ejercían algún tipo de influencia sobre los actores políticos.
Aseguró que este mecanismo se convirtió en una práctica constante que solo ha sido develada por las investigaciones actuales.
Martel señaló también que, en 2020, algunos diputados de la legislatura anterior tuvieron una confrontación con un ministro del Gobierno Central actual, a quien cuestionaron por no haber incluido a una institución en particular en el presupuesto general de la nación.
El funcionario, por su parte, señaló que se había llevado a cabo una investigación en la que se comprobó que no se trataba de una ONG, sino de un negocio familiar.
Martel aseveró que, antes, seguramente habían incluido a la supuesta ONG al momento de aprobar el presupuesto.
Afirmó que los recursos del Estado eran malgastados y se permitía que estas instituciones se favorecieran económicamente.
«Todo eso hay que investigarlo. Muchas veces el dinero se entregaba y no se rendía ninguna cuenta. Estos son recursos que deben de reorientarse», recalcó Martel.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también se pronunció ante los hallazgos de la comisión. «Yo no sé por qué se ponen nerviosos muchos simpatizantes o emisarios de los partidos políticos», dijo.
Además, cuestionó si serán ellos mismos quienes patrocinaron a las ONG de fachada para obtener recursos del Estado. El parlamentario dejó claro que harán las indagaciones respectivas hasta encontrar el resto de las entidades que operó bajo dicho mecanismo.
Por otra parte, Martel reconoció que hay organizaciones sociales que han solicitado recursos al Gobierno para mejorar su labor y que han desarrollado un importante trabajo durante años.
Agregó que, siempre y cuando el dinero sea destinado para proyectos concretos, con la debida supervisión y sin vínculos partidarios, espera que la nueva Asamblea Legislativa continúe este apoyo para solventar necesidades en temas de interés común.
En su última sesión, la comisión confrontó a Emma Julia Fabián, exdiputada del FMLN y representante legal de Mujeres Tecleñas, por recibir $70,000 en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017. Contó que en 2016 la ONG recibió $30,000, pero que fueron devueltos porque no fueron ejecutados. No obstante, no hay registros del reintegro.
