Los juzgados especializados de instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, han ordenado que 9,672 pandilleros y colaboradores sigan en los diversos penales a donde fueron enviados tras ser detenidos en el marco del régimen de excepción.
Los imputados fueron detenidos mediante las incursiones que la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han realizado desde que se instauró el régimen de excepción el pasado 27 de marzo y que fue prorrogado por la Asamblea Legislativa a petición del gobierno, el pasado 24 de abril para que entrara en vigencia el 26 del mismo mes.
«Hemos presentado ya, 254 requerimientos fiscales, ante tribunales de todo el país, para asegurarnos que estos criminales no salgan de nuevo a las calles», publicó el fiscal general Rodolfo Delgado en redes sociales.
Fiscales de las oficinas de todo el país acudieron ante los jueces a presentar los 254 expedientes para que se iniciaran los procesos penales por delitos de crimen organizado. Han presentado las acusaciones por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, organizaciones terroristas, intento de homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego, limitación ilegal a la libertad de circulación, extorsiones agravadas, proposición y conspiración en el delito de homicidios, tráfico ilícito, resistencia y posesión y tenencia con fines de tráfico.
En las últimas siete audiencias de imposición de medidas, 1,369 imputados quedaron en las cárceles a petición del ministerio público. En Santa Ana, el Juzgado Especializado de Instrucción C2 ordenó que 511 miembros de la Mara Salvatrucha y colaboradores sigan en prisión por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito.
Una fiscal explicó que fueron detenidos por las autoridades en municipios de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. En la audiencia se determinó que los indicios presentados los vincula directamente como miembros de la pandilla.
Mientras que en San Miguel, el juzgado especializado de instrucción que ve casos de la zona oriental, resolvió que 126 pandilleros continúen en centros penales, fueron capturados en municipios del departamento de Usulután.
Mientras que la oficina fiscal de Apopa, logró que 57 mareros sigan en la cárcel por hechos delictivos cometidos en colonias y comunidades de esa localidad y de Tonacatepeque.