Un informe de audiencias de imposición de medidas realizadas en el marco del régimen de excepción, detalla que entre el 9 de abril y 11 de junio de 2022, 12 juzgados especializados de instrucción ordenaron que 31,868 pandilleros y colaboradores sigan en detención en diversos centros penales.
Según la base de datos, 27,461 son hombres y 4,407 son mujeres, quienes fueron llevados a audiencias luego que la Fiscalía General de la República les iniciara los procesos penales.
Las agrupaciones ilícitas, es el delito en común atribuido a todos los imputados, la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa sanciona la pertenencia a pandillas con prisión de 20 a 30 años; mientras que los cabecillas pueden llegar a recibir una pena de 40 a 45 años.
En San Salvador, los seis juzgados que ven los casos que llegan de los departamentos de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, San Salvador y La Paz, decretaron detención mientras dure el proceso, para 17,734.
El Juzgado Especializado de Instrucción C2, fue el que más ordenes de prisión emitió con un total de 3,941, seguido del Juzgado A2 que ordene cárcel para 3,458 y después aparece el Juzgado B2 con 2,956 resoluciones en contra de mareros y colaboradores.
De los otros tres juzgados ubicados en la capital, el C3 resolvió que sigan en los penales, 2,785¸ el Juzgado B3 dejó en los reclusorios a 2,682 y el Juzgado A3 falló contra 2,212.
En la zona occidental que comprende los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, los tres juzgados especializados de instrucción ordenaron que sigan en prisión 8,461 imputados.
Mientras que en la región oriental, los tres juzgados especializados, decretaron cárcel para 5,823 pandilleros que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
El informe estadístico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destaca que desde el 9 de abril se han realizado 249 audiencias de imposición de medidas de forma virtual.
En los expedientes presentados por el ministerio público se solicitó a los jueces que se aplicaran las reformas al Código Penal que el pasado 30 de marzo fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Además de las enmiendas hechas para castigar con severas penas las agrupaciones ilícitas, los diputados reformaron la Ley Penal Juvenil la cual ordena que desde los 12 años los menores que sean pandilleros pueden recibir condenas de 10 años de cárcel, y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años.
En cuanto a las agrupaciones ilícitas del Código Penal, previo a las modificaciones, la sanción era de tres y cinco años, los jueces condenaban a tres años a los colaboradores y les reemplazaban la pena para que no fueran a prisión y a los integrantes de las pandillas les imponían cinco, mientras que los cabecillas eran condenados a seis años como mínima y nueve años como máxima.
