Las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que, en octubre de 2022, fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, a petición del ministerio de Seguridad, han permitido que por el momento 56,173 pandilleros, que han sido aprehendidos durante el régimen de excepción, sigan encarcelados hasta por un período de 12 meses mientras siguen las investigaciones.
Antes de ser modificada la normativa, el tiempo máximo de detención provisional era de seis meses. Los cambios a esta ley quedaron establecidos en el decreto legislativo 547 y esto ha permitido a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar a los tribunales especializados que los delincuentes se mantengan presos más tiempo durante la fase de instrucción, pues de esa manera los fiscales tendrán tiempo suficiente para sustentar las acusaciones contra estos criminales por diversos delitos, principalmente, por agrupaciones ilícitas.
El pasado lunes, el titular de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que se han efectuado 62,975 capturas a escala nacional durante el régimen de excepción, es decir, en el período comprendido del 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de enero de 2023.
Los datos de la Fiscalía indican que, del total de capturas realizadas por las fuerzas del orden, el 89.1 %, es decir 56,173, de los pandilleros deberán seguir en detención provisional, así lo establecieron los jueces especializados a petición del ministerio público. Las modificaciones a la ley dan margen a que se pueda realizar, incluso, otra prórroga de otros 12 meses.
El sustento legal para que los delincuentes sigan presos quedó establecido en las disposiciones transitorias de la mencionada ley, la cual en el artículo 21-A establece que «Los procesos penales tramitados con base en esta ley, iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta se ampliará por un plazo de doce meses contados a partir de este decreto, luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta por doce meses más».
HERRAMIENTAS LEGALES CONTRA LAS MARAS
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, en reiteradas ocasiones ha explicado que la implementación del régimen de excepción, como instrumento legal, no genera violaciones de derechos humanos, como ha cuestionado la oposición.
«Sin las reformas de Ley y las armas que nos ha otorgado el régimen de excepción, estos criminales hubieran salido de la cárcel y seguirían causando dolor. Ahora contamos con todos los recursos para que sean encerrados por décadas y paguen por cada uno de sus crímenes», expresó en su momento el fiscal.
El jefe del ministerio público coincide con las autoridades del gabinete de Seguridad que las acciones ejecutadas en el combate contra las pandillas en nada preocupan al ciudadano honrado, pues no se ha visto afectado en sus actividades diarias. Estas medidas, más bien, están impactando a estructuras criminales de pandillas.
Hace unos días, el ministro Villatoro explicó que la finalidad de reformar el marco legal es para procesar de manera más eficiente a los criminales de estructuras terroristas y así evitar que regresen a las calles a delinquir.
Otro de los alcances de las reformas es que los pandilleros podrán ser juzgados en conjunto y no de manera individual; además, se amplió el concepto de crimen organizado al referirse a grupos delincuenciales integrados por tres o más individuos.