La comisión de la familia de la Asamblea Legislativa discutió ayer con jueces y representantes de instituciones públicas y privadas un pliego de reformas a la Ley Especial de Adopciones con las cuales se pretende hacer más expedito el proceso.
Los diputados de la comisión recibieron a magistrados de cámaras de Niñez y Adolescencia, jueces especializados de Niñez y Adolescencia, jueces de Familia y representantes de instituciones públicas y privadas. Los magistrados de cámara expresaron que ven viable que el proceso de adopciones salga de la vía judicial y pase a la vía administrativa, con la Oficina para Adopciones (OPA) y la Procuraduría General de la República (PGR) como entes garantes.
Los juristas remarcaron que la adopción deberá darse si se han agotado todos los recursos previos: familia de origen, familia ampliada y tutores autorizados. La procuradora general de la república, Miriam Aldana, explicó que, si el proceso de adopciones pasa a la vía administrativa, la institución está lista para hacerse cargo.
«Hay que tener claro que la adopción es el último recurso que debemos agotar. Para llegar hasta ahí debemos descartar que el niño puede continuar con su familia de origen, porque [si no] se vulneran sus derechos», explicó la funcionaria.
Por su parte, la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conna), Linda Amaya, llamó a los diputados a que las adopciones no deben verse como decisiones de cada institución, sino como un trabajo articulado dentro del Sistema de Protección Integral de la Niñez.
«Debemos procurar que esto no sea un proceso automatizado, solo para reducir la mora de adopciones. La apuesta es que cada niño que irremediablemente debe ser dado en adopción irá a una familia que le restituirá sus derechos», subrayó.
Todos los expertos en materia de niñez y adolescencia concuerdan en que reducir los tiempos de cada trámite permitirá que los niños y adolescentes que están dentro del sistema de protección puedan recuperar su derecho a una familia.
Uno de los aportes que dejaron los representantes judiciales fue que se consigne un único expediente para cada adoptado y no que cada institución que interviene en el proceso maneje su propio archivo.
Exhortaron a los legisladores a que debe compartirse la información interinstitucional, una vez que esta se encuentre en poder de las instituciones.
Los diputados de la comisión detallaron que el taller dejó insumos importantes para definir cuál será el procedimiento para las adopciones en El Salvador.
«La Ley Especial de Adopciones no deja claro si la decisión de dar en adopción a un menor es potestad de la Procuraduría General de la República o de los jueces y magistrados especializados», dijo la diputada Suecy Callejas, presidenta de la comisión.
Callejas detalló que los artículos 5 y 7 de la legislación vigente avalan a la PGR y la OPA para decidir en una adopción, pero los artículos 61 y 62 dicen que la decisión debe ser vía judicial.
El ISNA, el despacho de la primera dama, Unicef, Educo y Aldeas Infantiles SOS también participaron en el taller.
