Juan Antonio Durán, uno de los jueces trasladados recientemente en apego a la renovación en el Órgano Judicial tras el decreto 144, trató de justificar a través de su cuenta de Twitter sus decisiones sobre casos de evasión fiscal y corrupción ocurridos en gobiernos anteriores, de los que afirma él ha «conocido y decidido».
No es cualquier caso de evasión, es de una empresa ligada al presidente de la ANEP, Javier Simán. En un extenso hilo, Durán se justificó del fallo en un proceso en el que la Fiscalía acusaba por el delito de «evasión de impuestos», por más de $5.3 millones, por parte de la sociedad Intratext de El Salvador, S.A de C.V. ligada a una empresa de Simán.
«El caso (Intratex) era de Evasión por inexactitud en la declaración, pero Hacienda y FGR dijeron que era Evasión con falsedad. La Cámara, por unanimidad, resolvió que no era Evasión con falsedad, por lo que dictó sobreseimiento definitivo», indicó.
Sobre estas declaraciones el presidente de la república, Nayib Bukele reaccionó: «Cuando dice “unanimidad”, quiere decir él y el otro magistrado. Además, si está seguro de que eran inocentes, ¿por qué no lo dice?».
Luego abordó el caso El Chaparral, en el que hubo una serie de amaños, sobornos y litigios jurídicos y técnicos de un proyecto que en 2008 se vendió como la solución a los altos precios de la energía eléctrica en el país, pero que finalmente se convirtió en una joya de la corrupción de los gobiernos de ARENA y el FMLN y en la que estuvo relacionada la italiana ASTALDI.
«En el caso ASTALDI, empresa constructora italiana de la presa El Chaparral, conocí en la Cámara 3a. de lo penal de San Salvador, la apelación de la medida cautelar patrimonial decretada por la jueza de instrucción, por dos motivos: falta de fundamentación y desproporcionalidad del embargo», escribió Durán.
Agregó que el proyecto tenía un costo de $450 millones y que el embargo contra ASTALDI fue por esa cantidad, sin justificar [fiscalía] por qué se embargaba el monto total de la obra y no la cantidad peculada.
Pero, el proyecto El Chaparral pasó de ser valorada en $216 millones a costar más de $700 millones. A medio gobierno de Funes la obra fue dejada inconclusa [29 %] por ASTALDI, a pesar de ello, y del contrato que habían firmado, la CEL con la venia de Funes le terminó pagando $108.5 millones, incluyendo 3.5 millones en sobornos, segun la Fiscalía.
«Y aquí dice que fue porque a ASTALDI (que envió dinero a la empresa panameña del SPA de Mauricio Funes y que mágicamente movió una montaña) le estaban cobrando mucho. Pero claro, él solo “defendía la constitución”. Ya lo saben, donde Tony Durán, los corruptos no pagarán».
Nayib Bukele, Presidente de la República.
