El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador ordenó que 29 miembros de una red transnacional de pornografía infantil sigan en prisión, uno deberá seguir con medidas bajo fianza de $1,000 y para cuatro ausentes resolverá posteriormente.
En la resolución el juzgado avaló la tesis fiscal de que se está tras un crimen transnacional de una organización delictiva dedicada a la pornografía.
Los defensores argumentaron en la audiencia que los imputados no son productores de pornografía sino que el material les llegaba de terceras personas y que eso no es delito, ya que muchas personas, en más de alguna ocasión, reciben pornografía sin su consentimiento.
«El fortalecimiento de esta investigación ha sido en análisis técnico que se ha realizado a dos dispositivos que fueron incautados a dos de los imputados dentro de los cuales se logró individualizar a cada uno de los procesados», dijo una de las fiscales que tiene a cargo el expediente.
Según la representante del ministerio público se hizo un análisis de obtención y resguardo de la información de los teléfonos y eso fue clave para identificar a los miembros de la red.
Entre los imputados hay diversas participaciones, algunos se encargaban de difundir los videos de pornografía infantil nacional e internacional a través de mensajes de WhatsApp y otros solo la poseían.
Los imputados fueron capturados el pasado 1 de octubre en los departamentos de La Unión, La Paz, La Libertad, San Miguel, San Salvador, Cabañas, Usulután, Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán.
La Fiscalía acusa a los principales cabecillas de la estructura, Javier Alfredo Iraheta López, quien es señalado de administrar la red que él mismo creo y Miguel Antonio Bernal Pérez.
Entre los otros 28 que enfrentaron la audiencia de imposición de medidas está un policía, un enfermero y un exmilitar, todos procesados por adquisición o posesión de material pornográfico de niñas y niños, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y agrupaciones Ilícitas.
Según la Fiscalía las investigaciones comenzaron en el año 2018 tras una denuncia recibida sobre una red que estaba distribuyendo material pornográfico infantil.
Las indagaciones fueron realizadas por la Fiscalía y a Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, logrando identificar a las 34 personas que integraban la estructura.
Los imputados se intercambiaron material pornográfico infantil con otros usuarios de México, Ecuador, Pakistán, Indonesia, Vietnam y Ghana.