La vista pública en contra del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, entró en un receso mientras la Dirección General de Migración envía un informe confirmando en qué situación ingresó el imputado al país el 8 de enero de 2020, procedente de Estados Unidos.
El exlegislador al momento de rendir su declaración indagatoria, dijo que fue deportado después de 14 años de lucha en ese país para que no lo enviaran a El Salvador, sostuvo que no llegó extraditado, pero que sea Migración quien lo confirme.
Pidió que se gestione ese informe el cual lo quiere incorporar como prueba el proceso, las tres juezas accedieron a esa solicitud y mientras se hace el trámite y se entrega el reporte migratorio, la diligencia queda en suspenso, dejando previsto reanudarla hasta el próximo 21 de febrero.
Silva Pereira, es enjuiciado en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, por los delitos de lavado de dinero y cohecho activo (entregar sobornos) a alcaldes a cambio de adjudicación de proyectos amañando las licitaciones.
En la vista pública han declarado diez testigos, entre peritos, exalcaldes y exempleados municipales quienes han llegado a contar la forma en la que las empresas de Silva Pereira ganaron licitaciones de proyectos en 21 alcaldías.
A las juezas, los testigos les han expuesto información sobre adjudicación de proyectos sin entregar carpetas técnicas, nombramiento de supervisores de obras por la misma empresa constructora, sobrevaloración de obras, incumplimiento de contratos y pagos adelantos por avances de obras no ejecutadas.
Han mencionado que esos proyectos fueron ganados de forma ilegal por las empresas Caminos y Edificaciones (Ced), T Construcciones y Supervisiones, R & N Construcciones, así como Proveedores y Constructores de Obras Viales Eléctricas y Civiles (Provecom), que según el ministerio público fueron sociedades constituidas para amañar licitaciones y lavar dinero, entre las obras que las empresas de Silva Pereira ejecutó hay, remodelación y construcción de parques, canchas de fútbol, recarpeteo de carreteras y construcción de caminos vecinales.
Hasta la fecha ya la Fiscalía y la abogada defensora presentaron sus alegatos finales, el próximo 21 de febrero las partes decidirán si harán réplica y si el exdiputado hace uso del derecho a la última palabra, luego el tribunal definirá fecha para emitir el fallo.