La declaración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer conlleva comprender que la violencia de género debe ser entendida como cualquier tipo de agresión física, psicológica o sexual dirigida por el hecho de ser mujer; es uno de los problemas sociales más graves y persistentes de la sociedad contemporánea. Esta violencia se extiende a diversas formas de agresión y abuso, desde la violencia doméstica hasta el acoso sexual y el feminicidio.
La valoración medicolegal juega un papel fundamental en la detección, documentación y prevención de estas agresiones, convirtiéndose en un eje clave dentro del sistema judicial. El sistema judicial desempeña un papel esencial en la protección de las víctimas y en la condena de los agresores, pero para que el proceso judicial sea eficaz es fundamental contar con pruebas sólidas.
Así, la prueba medicolegal constituye el conjunto de evidencias físicas, biológicas y psicológicas obtenidas mediante un examen realizado por un médico o perito forense, cuyo objetivo es evaluar las lesiones y secuelas dejadas por la agresión, así como el impacto emocional en la víctima. Esta prueba no solo tiene un valor en términos de documentación médica, sino que también juega un papel fundamental en el proceso judicial, ya que proporciona la base científica necesaria para sustentar las denuncias y acusaciones.
Estas pericias medicolegales pueden incluir informes sobre lesiones, como contusiones, hematomas, fracturas o quemaduras, pero también pueden abarcar evidencias menos tangibles como las secuelas psicológicas o las huellas de abuso sexual. Estas pruebas no solo ayudan a comprobar la existencia de la violencia, sino que también permiten documentar la gravedad y el alcance de los daños sufridos por la víctima.
Las pruebas medicolegales pueden ser determinantes para establecer la existencia de violencia sistemática o de patrones de abuso recurrente.
Por otro lado, la cadena de custodia es un componente esencial en la prueba medicolegal y cobra una especial relevancia, ya que las pruebas recogidas pueden ser la única evidencia directa que permita establecer la culpabilidad del agresor, por lo que se debe procurar el manejo, integridad de la evidencia, evitando su contaminación o manipulación, desde su recolección hasta su presentación en juicio, lo cual es crucial para su validez en un tribunal.
Uno de los principales desafíos en la valoración medicolegal de la violencia de género es la cifra negra de los casos. En este sentido, el rol del profesional medicolegal o perito forense es crucial, no solo en el diagnóstico de las lesiones, sino también en la creación de un ambiente de confianza que permita a la víctima expresar su situación.
Otro desafío importante es la identificación de la violencia psicológica, ya que las secuelas de la violencia psicológica, como el miedo, la humillación o la pérdida de autoestima son difíciles de cuantificar en términos médicos, lo que puede generar dudas en el proceso judicial.
La formación de médicos y peritos forenses es esencial para que comprenda la identificación de signos de abuso emocional y en el manejo adecuado de la víctima, en la aplicación de protocolos nacionales e internacionales y el respeto a la autonomía y dignidad de la víctima.
La valoración medicolegal debe estar integrada en una red multidisciplinaria de respuesta a la violencia de género que incluya a químicos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, biólogos, jueces, fiscales y personal policial. El enfoque integral y colaborativo puede garantizar la atención adecuada a las víctimas.
La prueba medicolegal es uno de los pilares fundamentales para judicializar los casos de violencia contra la mujer, permitiendo documentar las lesiones físicas y psicológicas, de forma científica, de forma que pueda respaldar las denuncias y acusaciones en el ámbito judicial, por lo que es esencial que se sigan protocolos rigurosos en la recolección y conservación de las pruebas.
La prueba medicolegal no es solo un medio para sancionar al agresor, sino también una forma de garantizar que las mujeres víctimas de violencia reciban la protección, atención y justicia que merecen.
