La perniciosa costumbre en la vieja Asamblea Legislativa era que los partidos tradicionales se repartían las instituciones de acuerdo con la «correlación» o el tamaño de sus bancadas parlamentarias. El partido en el Gobierno y con más curules reclamaba, como si se tratara de un festín opulento, los mejores cortes, el «lomo de aguja», como solían decirse en pláticas de pasillo o en las reuniones privadas en las que abundaban las libaciones. El resto del botín se repartía entre los partidos aliados, aquellos que eran necesarios para cumplir con los votos necesarios para aprobar el saqueo, o por puro formalismo.
Algunas de esas negociaciones incluso se dieron fuera de los recintos legislativos. Como en 2009, cuando Mauricio Funes, con la fuerza del maletín negro, congregó a los diputados de la alianza ARENA-FMLN-PDC para que eligieran a magistrados. Incluso modificaron la lista que envió el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para incorporar a dos abogados que ya tenían la bendición del cónclave: Rodolfo González y Belarmino Jaime.
Tradicionalmente, los viejos partidos políticos convirtieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una extensión de su representación parlamentaria. Así, los magistrados electos tenían a su jefe en las dirigencias partidarias y coordinaban con los diputados los pasos que iban a seguir. Los acuerdos para nombrar a magistrados se hacían a puerta cerrada, sin ninguna transparencia. Ahí no solo se negociaba el reparto para cada partido, sino también plazas en el Órgano Judicial, proyectos y contratos.
Cuando el «dictamen» llegaba al plenario de la Asamblea Legislativa, solo iba a recibir una votación formal, porque cada partido político había indicado a sus diputados por quién debían votar. Si un legislador no estaba de acuerdo, sencillamente era sacado de la plenaria y sustituido por un suplente, dispuesto a obedecer la voluntad de los amos del partido.
En otras palabras, la máxima autoridad del Órgano Legislativo, el pleno, solo tenía una participación decorativa en los procesos trascendentales, porque lo medular era negociado y aprobado en otras instancias, en cerrados círculos, en las cúpulas de los partidos aliados.
Ahora estamos viendo una transformación de esta práctica. Se le ha devuelto al pleno legislativo el poder de decisión, sin ataduras ni argollas. La nueva Asamblea Legislativa tiene una enorme tarea enfrente, porque, además de las elecciones de funcionarios de segundo grado, aprobaciones de leyes y préstamos, también se ha enmarcado en la misión de sanear las finanzas públicas eliminando todos los abusos de los partidos políticos tradicionales por medio de sus organizaciones de fachada.