El 28 de febrero de 2021 se llevarán a cabo las décimas elecciones legislativas y municipales desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Mucho ha pasado desde ese momento hasta ahora, y en alguna medida se ha mejorado el sistema electoral salvadoreño; sin embargo, en los últimos días hemos podido ver cómo en pleno año preelectoral y a pocos meses de los comicios, en el marco de los actos preparatorios del proceso electoral en su etapa de inscripciones de candidaturas y coaliciones, integrantes de varias juntas electorales departamentales han ocasionado diferentes acciones extralegales y hasta violentas que han llevado a la necesaria intervención de los cuerpos de seguridad.
Es importante entender lo grave de estos actos en el inicio del proceso electoral antes del evento, ya que existe una estrecha conexión entre el Estado de derecho y la integridad electoral, por lo que se hace necesario que el ente rector en materia electoral, así como los líderes de los partidos políticos que han protagonizado estos conatos de violencia, se esfuercen por proteger y promover la integridad de las elecciones de febrero de 2021 de forma continua, de tal manera que se garantice una competencia equitativa, recursos legales efectivos que permitan a los contendientes recurrir a la reparación legal antes que a la violencia u otras medidas extralegales como las vistas en los últimos días.
El esfuerzo anterior generará, tanto en el ejercicio del derecho al sufragio activo (derecho a ejercer el voto) como en el derecho al sufragio pasivo (derecho a postularse y ser electo) de los ciudadanos, la confianza en el proceso electoral, con la creación de mecanismos y estructuras que garanticen la protección de la ley en igualdad de condiciones para todos, con independencia e imparcialidad, lo cual resulta fundamental en la legitimidad de la autoridad que resulta electa, en la calidad de la gobernanza y en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Mucho se ha dicho de parte de algunos actores políticos que los últimos acontecimientos se tratan de «estrategia del Ejecutivo para sembrar esta situación de zozobra» y así obtener una ventaja, o que las acciones en el marco de los exabruptos de miembros de partidos políticos que han tenido como consecuencia las detenciones administrativas de algunos miembros de sus partidos políticos no obedecen a denuncias penales, sino más bien a «denuncias de carácter político», pero no se puede afirmar con tanta ligereza lo anterior cuando las voces que señalan parecieran querer resolver sus diferencias o temores con acciones extralegales o con violencia, como antes se relacionó, por intereses personales o partidarios, olvidando los pilares fundamentales de la justicia electoral, misma que contribuye a la integridad del proceso, a los avances de la democracia y, además, fomenta la confianza.
De ahí que es importante hacer un llamado a la entidad rectora en materia electoral y a los diferentes sectores políticos a generar, fuera de las diferencias, acciones responsables para crear un proceso electoral, de cara a las elecciones de 2021, con integridad, a fin de incrementar la credibilidad y legitimidad.