El alcalde de Ilopango por el partido ARENA, Adán de Jesús Perdomo, enfrentaría la mañana de este viernes la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción del municipio por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado), pero la diligencia se suspendió por sospechas de COVID-19 de los fiscales.
La pretensión de la Fiscalía General de la República en el proceso es que sea enviado a juicio para que uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador analice íntegramente la prueba incorporada a la carpeta judicial y determine la situación jurídica del funcionario.
El abogado Carlos Avelar, defensor de Perdomo, argumenta que no hay delito que perseguir y cuando se haga la audiencia planteará que se emita un sobreseimiento definitivo (exoneración) y que se finalice el proceso penal.
Desde que inició el caso en el Juzgado de Paz de Ilopango, la oficina fiscal de Soyapango ha sostenido que existe suficiente prueba sobre la participación de Perdomo en el delito que se le atribuye. El 30 de noviembre de 2020, al momento de ser capturado, el fiscal general Raúl Melara, dijo que «el alcalde se estaba aprovechando de los paquetes dirigidos a paliar la crisis en la que se encuentran varios salvadoreños debido a la pandemia».
El Ministerio Público inició la indagación el 29 de octubre del año pasado, después que la Policía Nacional Civil (PNC) recibiera una denuncia sobre el almacenamiento de bolsas solidarias en la sede del partido ARENA en Ilopango.
Los policías que fueron a inspeccionar el lugar descubrieron que en dicho lugar había cientos de paquetes alimentarios y que unas mujeres estaban sacando de las bolsas con logos del Gobierno de El Salvador y los trasegaban a bolsas con logos y foto del alcalde Adán de Jesús Perdomo quien busca la reelección en el municipio por el partido ARENA.
Ante eso, el alcalde ha confirmado hoy que las bolsas tenía su foto porque ese es un fervor y que los 262 alcaldes del país acostumbran poner su foto en cada uno de las obras que realizan. Rechazó que se haya trasegado los paquetes alimentarios.
Según la Fiscalía esos paquetes alimentarios incautados en la sede de ese instituto político fueron entregados por el Gobierno para las familias afectadas por la pandemia de COVID-19.
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El peculado es un delito grave que el artículo 325 del Código Penal sanciona con prisión de 12 a 15 años y señala la conducta de un funcionario o empleado público que se apropia de bienes o fondos, del Estado que por su cargo los ha tenido bajo su custodia.
En la audiencia inicial realizada el 4 de diciembre de 2020, el Juzgado de Paz de Ilopango, puso en libertad al funcionario municipal con las medidas de presentarse a firmar cada ocho días, no salir del país y no cambiar de domicilio.
La Fiscalía presentó apelación oponiéndose a esa resolución, pero la Cámara Segunda de lo Penal confirmó las medidas y ordenó que Perdomo siguiera en libertad.