El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, programó para el 18 de julio de la audiencia preliminar del proceso penal conocido como «El Chaparral», donde el expresidente Mauricio Funes y otros cinco imputados son señados por la Fiscalía General de la República de varios delitos de corrupción.
Funes, es acusado de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado. También está Miguel Menéndez Avelar «Mecafé», acusado de lavar dinero, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía señala además al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno); José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; también son acusados agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Michel Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes, ex procesada por lavado de dinero.
Previo a señalar la audiencia preliminar el juzgado realizó una serie de anticipos de prueba, fueron interrogados tres testigos, de una empresa colombiana que supervisó el proyecto de Construcción de la Presa El Chaparral.
Esas diligencias fueron solicitadas por la querella representada por la Comisión Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) para fortalecer la investigación.
Una de las acusadoras particulares dijo que la empresa extranjera hizo un valúo de obras de bienes y servicios de El Chaparral, y que según sus declaraciones fue utilizado como excusa para desembolsar un dinero que no le correspondía a la sociedad ASTALDI en contra de los intereses de CEL.
Que que con la declaración de estos testigos se confirma que la solicitud de embargo de parte de la CEL contra ASTALDI por más de 200 millones, tiene como base el principio de la legalidad, pues a esta sociedad solo se le iba a pagar la obra real ejecutada para CEL y no otro monto que no correspondía. Agregó que «este beneficio que se le dio a la sociedad italiana fue motivado por la entrega de supuestas dádivas a través de empresas offshore al expresidente Mauricio Funes y al empresario Miguel Antonio Meléndez».
El proceso penal comenzó el 4 de enero de 2019 cuando la Fiscalía judicializó el expediente donde se menciona el favorecimiento que hubo a la empresa italiana Astaldi que recibió $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral, por una obra al 29%.
En esta causa penal el único imputado que está detenido es Miguel Menéndez Avelar, los otros cinco son prófugos y si no comparecen a la audiencia preliminar el juzgado los terminaría separando del proceso, los declararía rebeldes y girará nueva orden de captura.