El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, no accedió a la pretensión de la Fiscalía General de la República de girar la séptima orden de captura al expresidente Mauricio Funes, por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
En este proceso penal, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, cuestiona irregularidades en la adjudicación del contrato de diseño y construcción del puente San Isidro, otorgado a la empresa Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.) representada legalmente por el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, quien también es acusado por cohecho activo.
La Fiscalía dice que el extranjero le entregó a Funes y a José Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» un avión a cambio de la adjudicación del proyecto.
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En la resolución emitida, la jueza decidió que Funes, Menéndez Avelar y Aparicio Mejía, sigan el proceso penal sin ninguna medida en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.
Un comunicado de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, detalla que a Funes y al guatemalteco no se les dictó ninguna medida, entre ellas la detención, para no violarles el derecho de defensa ya que pese al llamado que se les hizo para ser notificados el pasado lunes, ninguno compareció y tampoco mandaron abogados que los represente.
En la resolución solo ordenó nueva detención para «Mecafé» ya que a él sí fue notificado en el penal de Mariona donde está preso por el caso «Chaparral».
La construcción del puente San Isidro, ubicado sobre el Río Lempa y que conecta los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, fue adjudicado el 10 de octubre del año 2013, por un monto de $8,487,716.94.
