Los juzgados especializados de instrucción de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, han resuelto que más de 6,000 mareros y colaboradores de pandillas sigan en prisión mientras dure el proceso por delitos de crimen organizado.
Los procesados forman parte de los más de 14,500 que hasta la noche del miércoles, policías y soldados habían detenido en el marco del régimen de excepción vigente en el país desde el pasado 27 de marzo y que tiene vigencia de 30 días.
Este jueves en los juzgados especializados están en desarrollo varias audiencias de imposición de medidas y ante la petición fiscal de que sigan en detención la cifra se incrementaría a 7,000 pandilleros que deberán seguir recluidos en los penales durante los próximos cuatro y seis meses que son los plazos de instrucción otorgados al ministerio público.
En el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, se desarrollan este jueves tres audiencias. El Juzgado Especializado de Instrucción B3 procesa a 49 mareros; el Especializado A2 conoce la causa penal contra 156 y el Especializado C3 desarrolla audiencia de imposición de medidas contra 94.
Ayer 242 miembros de pandillas que delinquían en municipios del área metropolitana quedaron en la cárcel luego que jueces especializados resolvieron que había suficiente prueba para que sigan en detención hasta que se llegue el momento de realizar audiencia preliminar.
El Juzgados Especializados de Instrucción C ordenó prisión para 99 imputados, el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador determinó que deben seguir en los penales 56 acusados de agrupaciones ilícitas, capturados en San Marcos.
Mientras que el Juzgado Especializado de Instrucción C3 dejó presos a 43 mareros capturados en los departamentos de Cabañas, San Vicente, La Paz y Cuscatlán, procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas.
A los más de 6,000 pandilleros los jueces les han comenzado aplicar las reformas al Código Penal que el 30 de marzo de 2022, fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, y con lo que se exponen a enfrentar penas más drásticas.
La pertenencia a una pandilla es castigado con prisión de 20 a 30 años y es tipificado como agrupaciones ilícitas, en tanto que los cabecillas, financistas y creadores de estas estructuras terroristas recibirán penas de 40 a 45 años de prisión.
Antes de las enmiendas el Código Penal sancionaba las agrupaciones ilícitas con tres y cinco años de prisión, los jueces condenaban a tres años a los colaboradores y les reemplazaban la pena para que no fueran a la cárcel y a los integrantes de las pandillas les imponían cinco, mientras que los cabecillas recibían de seis como mínima y nueve años como máxima.
