Los seis nuevos juzgados especializados de Instrucción de San Salvador y el Juzgado Cuarto de Menores, han recibido más de 13 expedientes contra más de 1,000 pandilleros detenidos bajo régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo.
La Fiscalía ha pedido que continúen en detención y que se les aplique las recientes reformas al Código Penal que el pasado 30 de marzo aprobó la Asamblea Legislativa.
Según las enmiendas la pertenencia a una pandilla será sancionada con prisión de 20 a 30 años y es calificado como agrupaciones ilícitas, mientras que los cabecillas, financistas y creadores de estos grupos serán condenados con prisión de 40 a 45 años.
Antes de las modificaciones el Código Penal castigaba las agrupaciones ilícitas con tres y cinco años de prisión, los jueces condenaban a tres años a los colaboradores y les reemplazaban la pena para que no fueran a la cárcel y a los integrantes de las pandillas les imponían cinco; mientras que los cabecillas recibían seis y nueve años.
A estas severas penas se enfrentan los mareros que desde el pasado jueves comenzaron a ser acusados y que serán procesados en los 15 juzgados especializados de instrucción del país y en los juzgados de menores.
Ya en varios juzgados de menores de San Salvador, hay expedientes contra más de 15 pandilleros adolescentes y se aplicaría la reforma a la Ley Penal Juvenil la cual ordena que desde los 12 años pueden recibir condenas de 10 años de cárcel, y los que hayan cumplido 16 se exponen a penas de hasta 20 años.
Entre los procesados hay más de 20 cabecillas de esas estructuras quienes junto a los demás pandilleros enfrentan acusaciones por organizaciones terroristas, intentos de homicidio, tenencia de droga, fraude de energía y fluidos, resistencia y otros delitos.
«Se ha logrado establecer que traemos personas que se están a un nivel de la estructura alta. A parte de las organizaciones terroristas traemos casos de privación de libertad casos de homicidios tentados, se detuvo en flagrancia a estas personas que intentaron atentar en contra de la vida de personas del centro de San Salvador, se trae un caso de extorsión y otro tipo de delitos», explicó uno de los fiscales.
El representante del ministerio público agregó que según las diligencias iniciales de investigación realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía, establecen que son imputados que pertenecen a la Mara Salvatrucha.
«Es decir que estas personas para esta etapa procesal en la que nos encontramos existen los suficientes indicios para poder acreditar primero la existencia del delito y de igual manera la participación que estos han tenido», sostuvo el fiscal.
En los procesos iniciados la Fiscalía menciona que fueron capturados en los municipios de Apopa, Nejapa, Aguilares, Guazapa y están vinculados con el alza de homicidios del 25 y 26 de marzo a nivel nacional.
La presentación de las acusaciones comenzaron el jueves con 340 y continuaron ayer cuando se puso a la orden de los juzgados más expedientes con casi 700 mareros que fueron detenidos en Cojutepeque, Cuscatlán; Ilobasco, Cabañas; San Vicente y Zacatecoluca, departamento de La Paz; así como los municipios de Mejicanos y Soyapango
Los juzgados tras recibir las solicitudes de imposición de medidas comenzaron ayer a notificar en los penales y bartolinas policiales los delitos que el ministerio público les atribuye, para que en un plazo de 72 horas se comiencen a realizar las primera audiencias que marca el inicio de los procesos penales.