Las elecciones presidenciales estadounidenses, a celebrarse el martes 3 de noviembre, son un escenario ideal para reflexionar sobre las posiciones del candidato republicano, el actual presidente Donald Trump, y el demócrata Joe Biden en cuanto a la inmigración.
Trump, desde su irrupción en 2015 como precandidato republicano, dejó claro cuál sería su enfoque de llegar a la presidencia, lo que ocurrió hace cuatro años, con ataques hacia los mexicanos. En el camino desde su llegada a la Casa Blanca ha acabado con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los salvadoreños, hondureños, haitianos y sudaneses; ha endurecido las condiciones para cruzar la frontera; ha amenazado a los llamados estados y ciudades santuario, y ha separado a los menores de edad de sus padres, entre otras políticas de mano dura.
En septiembre pasado, el American Action Forum publicó un estudio que analiza las posturas de ambos candidatos en el tema migratorio. En el caso de Trump, su propuesta de continuar en la presidencia pasa por, según su discurso, continuar protegiendo a los estadounidenses y a la economía de los inmigrantes indocumentados, acabar con la inmigración en cadena (el caso típico es la inmigración de familiares de ciudadanos y residentes legales en cuatro grandes categorías) y la lotería de visas (a la cual no califican ciudadanos de países con alta inmigración, como El Salvador). En cambio, propone un sistema de inmigración basado en méritos académicos y profesionales.
Biden, por su parte, ofrece acabar de inmediato con las políticas restrictivas de Trump y volver a las del expresidente Barack Obama, en las cuales todo inmigrante, legal o indocumentado, puede acceder a servicios gubernamentales y, eventualmente, ganar su camino a la ciudadanía. La joya de la promesa del exvicepresidente es una legislación que lleve a la ciudadanía a un aproximado de 11 millones de indocumentados.
Independientemente de quién gane, hay que recordar que las elecciones presidenciales estadounidenses son cada cuatro años, y cada dos años se elige de forma completa a los 435 miembros de la Cámara de Representantes (diputados, cámara baja) y a un tercio del Senado (cámara alta). Son ciclos electorales cortos que minan la posibilidad de alcanzar acuerdos vía legislativa en temas espinosos como la inmigración.
Para ello hay que remontarse al verano de 2013, año no electoral, cuando el Senado aprobó un proyecto de reforma migratoria, que contó con el apoyo de los pesos pesados de los republicanos, como Marco Rubio, de Florida. Sin embargo, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se negó a que una propuesta similar fuera discutida en esa instancia, lo que acabó con las esperanzas de quienes esperaban la ansiada reforma migratoria. Obama en su momento dijo que esperaba que esa ley llegara a su escritorio para firmarla.
En cuanto a los aproximadamente 190,000 salvadoreños amparados desde 2001 al Estatus de Protección Temporal (TPS), las elecciones del martes 3 de noviembre son la esperanza para quedarse definitivamente vía una ley que pueda, entre otros aspectos, valorar el tiempo que han vivido en Estados Unidos, su apego a la cultura estadounidense, su contribución a la economía y el arraigo, ya que miles de ellos son padres de ciudadanos estadounidenses.
Otro grupo más pequeño de compatriotas (aproximadamente 26,000) también ansía encontrar de una vez por todas una solución permanente. Se trata de los beneficiarios de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), un programa ejecutivo creado por Obama en 2012 para beneficiar a los llamados «dreamers» o soñadores. Su causa ha tenido mayor atención política y mediática que el TPS. Al tratarse de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, dominan mejor el inglés y han asimilado la cultura estadounidense.
