Para Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, la actual Asamblea Legislativa ha cumplido con lo demandado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ha abierto el camino para saldar una deuda histórica con los salvadoreños en el exterior al emitir un dictamen para que se habilite la participación electoral de la diáspora.
Argueta destacó que, contrario a legislaturas anteriores, esta nueva Asamblea Legislativa ha mostrado voluntad para permitir a los salvadoreños en el exterior tener igualdad de condiciones en cuanto a participación electoral. Además, destacó que se cumple con lo establecido por la Sala de lo Constitucional en 2012.
«Se cumple una sentencia de la Sala de lo Constitucional desde el 2012, que, aunque era de obligatorio cumplimiento, los partidos políticos hicieron todo lo posible para que no se materializara. Esta Asamblea ha cumplido este mandato, y hoy si habrá igualdad de condiciones para los hermanos en el exterior», dijo Argueta.
Ayer, la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para la «Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero». Este dictamen será conocido por el pleno legislativo el día de mañana, durante la sesión plenaria ordinaria, esperando que sea aprobado para que se constituya como ley de la República.
Argueta explicó que este dictamen es para crear «una ley que active competencias al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que materialice ese derecho que se había dejado desprovisto». «Vamos avanzando, estamos a las puertas del bicentenario; hemos cambiado el rumbo del país en materia de salud, seguridad, vivienda, educación», señaló.
«La Sala de lo Constitucional, en el 2012, señaló que el sufragio en el exterior permite paliar el déficit democrático del segmento que ha salido de territorio y que ha sido desprovisto de sus derechos fundamentales. El voto en el exterior constituye una oportunidad para que los Estados rescaten y redefinan los términos de su relación política con su diáspora», explicó el asesor jurídico de la Presidencia.