La cadena de mando de Venezuela está al tanto de torturas de opositores en el país, señala este viernes un informe del Instituto Casla presentado en Washington en presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«La jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio», denunció Almagro.
Al menos 55 personas, 32 civiles y 23 militares, de los cuales 43 hombres, 10 mujeres y dos menores, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y/o psicológicas, torturas blancas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, actos «de represión sistemática por motivos políticos que ejecutó el Estado venezolano» en 2021.
Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, calcula que hay muchas más víctimas. Una de ellas, afirma el instituto, denunció haber sido detenida junto a una treintena de personas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El informe se basa en testimonios de víctimas, de oficiales y funcionarios de inteligencia activos, entre ellos un general, y otros en el exilio.
Línea directa con Maduro
«Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes», afirmó este viernes Tamara Sujú, directora de Casla, que envía el informe ante la Corte Penal Internacional(CPI) como respaldo de las denuncias hechas ante esta instancia.
«Obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con (el presidente venezolano) Nicolás Maduro para la aprobación, actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares», añade la abogada, en cuyo informe también se menciona al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros funcionarios «señalados».
«Absolutamente nada sucede en cuanto a la planificación y ejecución de la represión sin que Maduro y sus altos mandos no se enteren».
El instituto denuncia el uso de nuevos métodos de tortura como azotes con cabilla (barra de metal) y cables de electricidad, sujetar a la víctima a un punto fijo de manera que si intenta sentarse se asfixie, sumergirla desnuda en un pozo helado, introducir una cuchara en la nariz y en las orejas, uso de sustancias que causan quemaduras, inyecciones que producen alucinaciones y colocar una pistola dentro de la boca.
En ocasiones los maltratadores llevan a cabo juegos de guerra y simulacros de fusilamiento o juegan a la ruleta rusa con las víctimas «mientras los demás funcionarios observan sonrientes».
Algunas de víctimas reciben palizas brutales, como Luis Lugo Calderón, quien lo contó en un vídeo difundido durante la presentación: en 2014 «me aplicaron asfixia mecánica (…) quemaron las rodillas con objeto metálico caliente» y en 2015 me golpearon «con un objeto contundente de hierro hasta el punto de fracturar mi esternón, se me hizo descargas eléctricas en las axilas, y cuando me soltaron de los brazos, de las cadenas, varios funcionarios comenzaron a patearme y a saltar encima de mis testículos y de mis piernas».
Entre los centros de tortura, Casla destaca el de La Mariposa, en Caracas, donde «a las víctimas las llevan amarradas y encapuchadas y desnudas por zonas boscosas (…), las amarran a los árboles, las arrodillan semejando que las van a fusilar, juegan con ellas a la ruleta rusa, las sumergen en pozos fangosos».
En la oficina del DGCIN en Caracas hay un cuarto con sofá, televisión y cafetera en cuyo interior se halla a la vista una «celdita» de apenas 1,5 por 2 metros «donde torturan a las personas» mientras los funcionarios hacen vida normal, añade.
«Los crímenes de lesa humanidad siguen ahí, la tortura sistemática sigue ahí, las ejecuciones extrajudiciales siguen ahí, los presos políticos siguen ahí. Y mientras tanto la enorme mayoría del pueblo venezolano pasa hambre, penurias, se transforma en la segunda mayor crisis migratoria del mundo», denunció Almagro.
«Ejecución» de mineros
«El informe deja en evidencia cómo la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura» y también «la participación del régimen cubano», afirma el secretario general.
Según Casla, los oficiales cubanos se ocupan sobre todo de adoctrinar y de impartir cursos «indicando hasta qué punto tienen que llegar», dónde está el límite entre la vida y la muerte.
«Los cubanos bajan a las celdas de tortura, y observan, cuando ven que los funcionarios no consiguen sacarle nada, se meten al cuarto y comienzan a hacerle preguntas a la víctima» y si no responden «ellos mismos tomaban el objeto para torturar».
En la presentación intervino la madre de Mattew John Heath, un exmarine estadounidense detenido desde hace 18 meses en Venezuela acusado de espionaje. Contó llorando que vive atormentada, preguntándose: «¿Habrá comido hoy? ¿Está siendo torturado de nuevo?».
El instituto Casla denuncia asimismo «la ejecución de al menos 27 mineros» a manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
