Nuestro pequeño país, nuestro pequeño gigante, se pone a la vanguardia con medidas excepcionales de beneficio a la población, lo cual representa el deber ser de un gobierno. Creo que todos somos fieles testigos de los grandes avances en materia de educación, reduciendo la brecha digital por medio de capacitaciones de esta área a 50,000 docentes y entrega de computadoras para ellos y para 1.3 millones de estudiantes, algo jamás visto; ahora toda una realidad. Por otra parte, el manejo de la pandemia por la COVID-19 dejó una grata impresión a propios y extraños por ser uno de los países con un efectivo manejo de esa crisis, construcción de nueva infraestructura hospitalaria y equipamiento, destacando la construcción del megacentro de vacunación y el Hospital El Salvador, entre otros, así como los subsidios pecuniarios en medio de la cuarentena.
Destaca de igual manera el tema de seguridad por medio del Plan Control Territorial, ahora apoyado con el régimen de excepción, que genera certidumbre inclusive para potenciar la inversión interna y externa, que permite la creación de empleos directos e indirectos, elevando los niveles de población económicamente activa e incentivando en gran medida el empleo joven. No se puede dejar de lado el tema de turismo, con la creación de alternativas como Surf City, lo que en sus diferentes etapas ha generado una potenciación sin precedentes de la zona costera de Tamanique y playas aledañas al puerto de la Libertad, radiando ese beneficio a toda la zona costera del país, lo que impulsa a nuestro país al concierto de países latinoamericanos con grandes expectativas de desarrollo sostenible. Todo pinta bien, pues incluso hay toda una campaña nacional de recuperar nuestra red vial y la construcción de nuevas alternativas, como el periférico Gerardo Barrios en el oriente del país y el Claudia Lars en occidente, pero aún hay mucho por hacer, y uno de estos temas es el relacionado con el transporte colectivo de pasajeros.
Según datos oficiales, son más de 10,000 unidades a escala nacional distribuidas así: 5,262 autobuses y microbuses del servicio urbano, 2,876 interdepartamentales, 2,232 interurbanos y 39 de tipo nacional; y, según datos oficiales, el 90.1 % de la población hace uso del sistema colectivo de pasajeros; es decir, el rubro transporte como bien inelástico forma parte estructural de nuestra economía, de nuestro desarrollo y, por ende, del mejoramiento de nuestro país. Lamentablemente, este rubro aún no se moderniza, aún no comprende el «empresario» que se transporta a los generadores de nuestra riqueza social, y simplemente algunos pretenden seguir lactando de los impuestos de nuestra gente con el llamado subsidio.
Ante esta situación, me permitiré compartir una experiencia de la cual tuve conocimiento: en una ocasión, el sector de transporte pide ayuda a la Asamblea Legislativa, a efecto de presentar una pieza de correspondencia en el sentido de emitir un dictamen recomendable al viceministro de Transporte y así agilizar el pago del subsidio, lo cual se logró. Posterior a recibir información positiva a la petición, un «diputado busero» agradeció en rueda o plática de algunos diputados, confesando que él tenía cerca de 20 unidades, pero que solo circulaba la mitad, es decir, que el subsidio de 10 unidades se lo robaba al Estado en detrimento del usuario, pues el subsidio es para beneficiar al usuario, no al transportista. Esta conducta delictiva y malévola solo deja una interpretación, y es que el transporte colectivo debe revisarse con lupa y con lujo de detalles. Estoy seguro de que allí se encontrará de todo, incluyendo buenos empresarios, pues de estos hay algunos, y principalmente de las rutas pequeñas o rurales, pero la mayoría tiene mañas y conductas como las ya mencionadas en la anécdota anterior, quienes no sacan sus unidades a circular y se quedan con el dinero del subsidio asignado, lo cual es un robo descarado hacia nuestro país, y que debe ser regulado. Se encontrará, además, gente ligada a estructuras criminales, quienes haciendo uso de testaferros compran líneas completas de transporte con dineros de dudosa procedencia, así como algunas empresas con flagrantes violaciones a los derechos laborales de los trabajadores (cobradores y motoristas), quienes les llaman «dilleros» o «diyeros». Lo remarco pues es una palabra que no existe oficialmente en nuestro idioma, pero que se entiende y hace alusión a personas que son contratadas para el día y les asignan una cuota a pagar al final de este, por lo que deben de trabajar duro para devolver la unidad completa sin golpes ni rayones, deben entregarla full de diésel, con sus accesorios y con la paga.
Conocí de primera mano una ruta de buses de San Salvador en la que se debía entregar libre cerca de $100 al dueño de la unidad por el día, lo cual explica por qué estos motoristas manejan sin respetar los derechos de los usuarios, violando la Ley de Transporte Terrestre, y no les importan las multas. Se sabe que este tipo de motoristas acumulan miles de dólares en infracciones, pero que muchas veces la necesidad los hace inclusive manejar estas unidades aun sin licencia, y con el agravante de no contar con servicios de salud ni de seguridad social. Este es el transporte que tenemos en el país, el cual por ahora es una de las áreas que se deberían intervenir.
La nacionalización del transporte debería ser una opción, si vemos cómo el Fodes fue derogado para llevar beneficios a la población desde un modelo centralizado de los recursos para luego distribuir el beneficio entre los gobiernos municipales, esto con el fin de que se beneficie a la población usuaria. El transporte, considerado un bien inelástico, debería ser desde ya objeto de intervención del Gobierno y de una vez poner orden, por lo que me permito recomendar intervenir las rutas grandes, pues es allí donde se observan muchas anomalías, para el caso rutas con líneas ejecutivas donde se presupone viaja gente clase media, es decir, profesionales de diferentes ramas, muchas veces deben esperar cerca de una hora para que estas empresas pongan en servicio una de estas unidades. Este es solo un pequeño ejemplo para tomar en cuenta.
Otra alternativa podría ser la creación de rutas nacionales paralelas a las existentes, lo cual generará de manera ordenada una competencia regulada y que obligará a los empresarios tradicionales a mejorar su servicio.
Finalmente, debo referirme al caso fallido de Sitrams. Sobre este tema en particular me permito exponer que durante los gobiernos del FMLN hubo propuestas concretas de modernización del transporte, por lo menos cambiar la flota vehicular, sin necesidad de la aprobación de cerca de $50 millones que costó el Sitrams, infraestructura que trajo consigo quiebra de negocios de la alameda Juan Pablo II, en la capital salvadoreña, así como quebrar el recorrido de rutas del norte y del sur, y todo por un capricho del expresidente Mauricio Funes con el acompañamiento de otras instancias del Ejecutivo. Se pudo evitar semejante despilfarro de dinero por medio de una propuesta hecha por importante empresario mexicano, que con fondos del Plan Yucatán le prestaban a El Salvador para este rubro $40 millones a un interés casi regalado, y que este al suscribirse condonaban el 50 % del mismo, es decir, $20 millones pagaderos a 20 años plazo con la única condición que se compraran las unidades en México. Lamentablemente para el país, ya tenían todo arreglado con Brasil, donde compraron unidades para Sitrams que se comprobó con experiencias de otros países que no eran unidades con respaldo de repuestos ni adaptadas al recorrido de nuestras calles, negocio pactado por ese Gobierno y que debería de investigarse.
Creo, finalmente, que transporte es una tarea pendiente por ahora, y no dudo de que este Gobierno hará lo pertinente para normalizarlo, regularlo y ponerlo al servicio de la gente.