Si bien la magnitud y duración de la crisis económica actual es todavía incierta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considera que lo sucedido en crisis financieras pasadas ofrece información para un primer dimensionamiento del posible efecto social que tendrá la COVID- 19 sobre el bienestar de la población.
El estudio Implicaciones Sociales de la COVID-19, publicado recientemente por el BID, reveló que el primer impacto en América Latina y El Caribe será en el estilo de vida de las clases sociales, ya que cuando la población cuenta con un mayor ingreso, puede acceder a nuevos activos que mejoran su bienestar.
Sin embargo, con el retroceso social que potencialmente generará la contracción económica de 2020, se prevén consecuencias significativas en el sentido inverso en los patrones de consumo de bienes y servicios.
El BID prevé que el número de personas que viven en condición de pobreza (extrema y moderada) se incrementaría hasta en 44 millones de personas en la región, utilizando como base los datos más recientes sobre la caída en la tasa de crecimiento y los microdatos de las encuestas de empleo y hogares.
En este contexto, la fuente estima una reducción significativa de 52.2 millones de personas que habían alcanzado previamente la categoría de clase media consolidada, y que derivado del impacto de la pandemia pasan ya sea a la clase media vulnerable o a la pobreza.
En promedio, el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema se incrementaría de 12 .1 % a 16 .2 %, mientras que la pobreza moderada aumentaría de 11. 7 % a 14.6 % en promedio.
Para la clase media vulnerable, los resultados sugieren un aumento de 1. 8 puntos porcentuales y una reducción de 7.6 puntos porcentuales en la clase media consolidada, en la región.
Con respecto a la edad, en todos los países alrededor del 45% de la población que transita de clase media consolidada a vulnerable se encuentra en el rango de 25 a 6 4 años.
Potencialmente, esta recomposición de la población puede incidir en los patrones de demanda por algunos bienes y servicios, entre otros efectos.
Para dar una idea de los potenciales efectos en este sentido, en la región existen marcadas diferencias en la tenencia de este activo entre las clases pobres y la clase media consolidada.
Por otra parte, en la tenencia de vehículo propio, todos los países de la región muestran brechas importantes entre las clases pobres y vulnerables, y la clase media consolidada y ricos.
Sobre conectividad, también las diferencias entre clases son más evidentes para Jamaica, Brasil, Paraguay y México, entre los hogares pobres y ricos. Mientras que Barbados y Uruguay, son los países que registran la menor diferencia entre clases en la tenencia de computadoras. Para el indicador de acceso a internet en la vivienda, Jamaica, Perú, Paraguay y México son los países que registran las mayores diferencias entre clases.
Apoyos para amortiguar el impacto
Los potenciales efectos económicos negativos de la pandemia generaron intensa preocupación en los gobiernos de la región.
Además del impacto generalizado en la población, como se mencionó anteriormente, la región enfrenta los retos adicionales de una alta informalidad laboral y una elevada desigualdad social, lo cual hace más complejo el diseño de intervenciones que puedan alcanzar a todos los grupos de la población.
Entre las intervenciones, el estudio del BID detalla la expansión de programas sociales existentes, lo cual puede hacerse de manera vertical (incrementos temporales de los beneficios ofrecidos) y horizontal (incluir a grupos de la población adicionales).
Además utilizando instrumentos del mercado laboral formal, como los seguros de desempleo, los incentivos hacia empleadores para evitar despidos y reducciones de salarios, la postergación de pagos de impuestos y de contribuciones a la seguridad social, y los créditos en condiciones favorables, entre otros.
El organismo incluye además los instrumentos para trabajadores informales, incluyendo becas de capacitación, empleo temporal, transferencias temporales, y crédito a la palabra, entre otros; y apoyos a trabajadores independientes (registrados y no registrados como contribuyentes para fines de impuestos, y como contribuyentes a los sistemas de seguridad social), como los estímulos a la formalización, las transferencias temporales, y los créditos en condiciones favorables.
Las simulaciones de dichas políticas emulan una situación en la que el impacto negativo de la contracción económica tiene una duración de seis meses, a partir de lo cual los ingresos de los hogares regresarían a su nivel original, siendo éste un escenario conservador a la luz las proyecciones de los efectos de la pandemia.