La «complicada» situación por la COVID-19, reconocida por parte de las autoridades del Ministerio de Salud esta semana, no da un respiro a Guatemala. De 14,422 pruebas, 4,805 dieron positivo a la enfermedad el 26 de agosto, y 74 personas fallecieron tras ser contagiadas.
Ayer, el Congreso de la República publicó en el «Diario de Centro América» la improbación del estado de calamidad —que quedó sin efecto inmediatamente—. El país, sumergido en la proliferación de contagios, sumó 460,017 infecciones acumuladas. Los casos activos son 54,324.
En las últimas semanas, los registros diarios apuntan a los 5,000 casos. El 23 de agosto, 4,914 personas dieron positivo al virus y 35 fallecieron. Un día después, incrementó a 5,226 casos y 63 muertes. El 25 de agosto, 5,164 confirmaron estar contagiadas mediante una prueba y 77 personas perdieron la vida.
El país centroamericano continúa como el más enlutado de la región. En 16 meses de pandemia, las defunciones llegaron a las 11,768. La tasa de mortalidad subió a 66.6 por cada 100,000 habitantes y la letalidad ha sido de 2.5 %.
Tanto el Ministerio de Salud como los directivos de la red pública nacional y las entidades independientes proyectan que la situación será peor en los próximos meses, con una cifra que cuadruplicará los contagios y aumentará las muertes y las hospitalizaciones. Esto se atribuye a la presencia de las variantes delta, alfa, gamma, beta y lambda.
Los médicos del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt, dos de los centros más grandes del territorio, están requiriendo más camas para atender a los pacientes de la COVID-19, y sobrepasan más del 100 % de la capacidad.
Para el Congreso, esta situación no es más que responsabilidad del Gobierno, que aunque ha tenido los recursos económicos disponibles, no ha sabido manejar la pandemia.
Los parlamentarios criticaron el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, cuando a esas horas hay menos población circulando.
«Se imprueba el decreto gubernativo 6-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, emitido por el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros, donde se declara estado de calamidad pública en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días», rectificó el documento.