A escala mundial se dan condiciones muy alarmantes que conducen al surgimiento de una seria recesión económica en el corto y mediano plazo. Según opiniones, esta recesión impactará radicalmente a todos los países en formas diversas, especialmente a los de economías emergentes. Lo peor es que no se vislumbra un final de la situación. Sin duda, habrá muchas crisis sucesivas entrelazadas; por ejemplo, la de Estados Unidos y la Unión Europea que afectará directamente a Latinoamérica. Serán entonces los países los que deberán responder con políticas eficientes de contención para contrarrestar el impacto.
Lo insólito es que, ante tal calamidad, algunos detractores del Gobierno insinúan que la causa directa de esta recesión es la mala política económica gubernamental, pregonan que «la causa de todos los males» es la gobernanza. Se le acusa de la galopante inflación que eleva distorsionadamente el costo de la canasta básica, la desmedida alza de los combustibles, el costo del transporte de materias primas, la pérdida de valor de los bonos a -15.1 % por su calificación EMBI a 22 % puntos, la baja calificación de S&P, Moody’s y Fitch a Caa3 en su perfil crediticio, la fluctuación del bitcóin, la escasez de liquidez y el nivel de la deuda externa a 88 %.
Evitan reconocer que hay obras acertadas del Gobierno que mantiene aún con dificultades en los índices financieros, al adoptar medidas efectivas de desarrollo económico-social y, sobre todo, pretenden negar que el pueblo salvadoreño, según prestigiosas encuestas, da total apoyo al Gobierno. También pretenden convencer a los salvadoreños de que el estado económico, social y político es simplemente desastroso. Aseguran que el Gobierno no contará con recursos propios y caerá en impago en una vertiente de «estanflación», incapaz de saldar la deuda de $800 millones a principios de 2023. Argumento muy gastado es la tardanza o supuesta suspensión en la negociación con el FMI para un «stand by arrangement», artículo 4 ampliada, por $1,300 millones.
Recordemos que El Salvador no ha tenido por largos años un acuerdo con el Fondo, excepto la observancia obligada por su Convenio Constitutivo. Al respecto, según Hacienda, se perfila una negociación exitosa como resultado de sustanciales mejoras en la economía en el primer trimestre de 2022. Lo que sin duda le otorgará prestigio y condición solvente. Sabemos que en los últimos días de abril una delegación limitada del Banco Central de Reserva (BCR) visitó Washington con este propósito. Se presume que se trató de una consulta puntual. Puede tratarse de un tema monetario, de banca y liquidez, o superintendencia. A simple vista, es evidente que las negociaciones con el Fondo prosiguen con normalidad. Los conocedores de estas negociaciones saben que no es nada fácil. Argentina, por ejemplo, recién concluyó un arreglo por más de $40,000 millones, pero aún lo tiene en revisión, demorando un año y medio la negociación.
Lo que debe quedar claro y contundente es que la crisis inflacionaria de ninguna manera es atribuible ni exclusiva a El Salvador, más bien es de carácter mundial. De forma simplista, algunos argumentan que la tasa de crecimiento del PIB de +3.3 % proyectada por el Fondo y el BCR para 2022 es en exceso mínima, lo cual es falso si la comparamos con la de muchos países de Latinoamérica. Tal estimado es consistente con las perspectivas de crecimiento negativo por el efecto de la pandemia y de la guerra de Ucrania, que entre otras razones obligó al FMI a bajar el crecimiento de todas las economías y a elevar también su deuda externa. El FMI estima que el promedio de inflación para los países desarrollados será de 5.7 % y para los países emergentes de 8.7 % hasta 2022.
Con estas hipótesis distorsionadas se pretende ignorar la solvencia económica evidente que muestra el crecimiento de los factores claves del país en el primer trimestre de 2022, como el fuerte crecimiento de las remesas familiares, el incremento del 20 % en las exportaciones, según Casalco, inversiones elevadas en la industria de la construcción incluyendo vivienda, la inversión pública en infraestructura extensiva en vías de comunicación, la conclusión de obras del aeropuerto que generó 1,500 empleos, la industria turismo que arroja ingresos por $40 millones en Semana Santa. También otros servicios e inversión privada proyectados con base en la economía del bitcóin. A esto se suma una fuerte recuperación tributaria con recaudaciones superadas en 26 %. Según Hacienda, hasta mayo se recaudaron $663 millones y se proyecta una meta de $2,500 millones para fines de 2022. Suma superior en 33 % a lo recaudado en 2021. De 609,000 contribuyentes registrados, 598,000 ya cotizaron, o sea el 98 % de los salvadoreños ya cotizó. ¿Qué mejor muestra de responsabilidad ciudadana puede haber? Esta suma es parte del Fondo General de la Nación para gasto/inversión pública. Por tal nivel de solvencia, el Gobierno sostiene que el saldo de la deuda por $800 millones con vencimiento en el primer trimestre de 2022 está cubierto.
Esta predatoria inflación todavía incontenible es producto de una sobredemanda y una oferta rezagada en la cadena de suministro de insumos. La causa se atribuye a la paralización económica que nos dejó la pandemia de la COVID-19 en 2020, cuando la población de muchos países dejó de consumir al permanecer por más de un año en casa. Con el poder adquisitivo en su mínima expresión, la demanda se contrajo. Al suspender el gasto, se sabe que cierra la cadena de suministros, es decir, la oferta. Los productores y los abastecedores suspenden la producción porque no hay ventas; en consecuencia, la economía se cierra. A finales de 2021, la economía revierte, toma curso positivo cuando aminora la pandemia, la población comienza a salir, gastar, viajar, etcétera, y se activa el comercio y genera una fuerte demanda por bienes y servicios. Por lógica, la cadena de suministro ralentizada no alcanza a responder en el corto plazo y genera atrasos en la entrega; en consecuencia, alza descontrolada de precios.
La situación se agrava cuando ocurren otros fenómenos imprevisibles a los que algunos han llamado «la tormenta perfecta»; sucede con la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Una guerra en curso sin perspectivas de terminar genera mayor crisis de mercado con el consecuente efecto en los precios energéticos, particularmente de materias primas como petróleo, gas natural y metales.
También los alimentos se ven afectados, ya que Ucrania, llamada el Granero de Europa, es uno los mayores productores de trigo y de otros granos. A medida que la perspectiva se aclara vemos que se desvanece la posibilidad de que Ucrania sea admitida en la Unión Europea, una medida preventiva y cautelosa, ya que su admisión la haría miembro de la OTAN, lo que implica mayor riesgo de una guerra ampliada UE-Rusia, que sin duda involucraría a Estados Unidos.