Fusiles AK-47 y M-16, granadas fragmentarias y cartuchos son parte de las armas de guerra que las autoridades han decomisado a delincuentes a escala nacional, quienes ahora enfrentan la justicia por el delito de tenencia, portación o conducción de estas.
Las armas de guerra son utilizadas, en su mayoría, por grupos delincuencia – les y pandilleros para cometer crímenes. Por este delito, un imputado puede ser condenado a entre cuatro y 10 años de cárcel, como sucedió en el caso de César Rivera Cañénguez, quien está cumpliendo una pena de cuatro años de prisión por tener entre sus pertenencias un fusil M-16.
El caso de Rivera Cañénguez fue denunciado en su momento por la población. Las autoridades dicen que fueron alarmadas de que el imputado y otros hombres tenían varias armas en la zona del cantón Sebastián El Chingo, en San Luis La Herradura, La Paz.
«El ahora condenado portaba un arma de guerra, la cual, después de hacer las pruebas respectivas, se determinó que era un fusil M-16, con su respectivo cargador aprovisionado con 25 cartuchos en su interior», detalló la Fiscalía General de la República.
El caso de Rivera Cañénguez es uno de los 325 que ha investigado el ministerio público desde 2018 hasta agosto de este año por el delito de tenencia, portación o conducción de armas de guerra, «que son los instrumentos mecánicos, electrónicos, termonucleares, químicos o de otra especie asignados a la Fuerza Armada, al órgano policial o cuya tenencia, portación o conducción no les son permitidas a los particulares», según establece el artículo 346 del Código Penal.
Las denuncias por la utilización de armas de guerra han disminuido desde finales de 2019, cuando se registraban 99 casos, es decir, 22 reportes menos que en 2018, cuando se registraron 121 acusaciones.
Mientras que el año pasado se reportaron 45 denuncias, y de enero a agosto se han identificado 60 casos. Los datos de la Fiscalía reportan que la mayoría de las denuncias por tenencia de armas de guerra se ha dado en el departamento de San Salvador, donde se registran 101 imputados, seguido de 46 casos en La Libertad y 30 en San Miguel.
El resto de las denuncias se divide en los demás departamentos. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre, la Policía capturó a Élmer Benavídez Machado y a Ramón Hernández Centeno, integrantes de una estructura criminal, por el delito de tenencia ilegal de armas de guerra y de fuego, en Santa Elena, La Libertad.
Durante el procedimiento, se les decomisó un fusil AK-47 con un cargador y 20 cartuchos, una pistola con un cargador y 11 cartuchos. Ocho meses antes, en enero, también fue capturado Jónathan Eduardo Robles, en Soyapango, San Salvador, un supuesto pandillero a quien se le incautaron más de 100 cartuchos para armas de guerra.
El hombre ya es pro[1]cesado por los delitos de ocupación ilegal de inmueble y tráfico de armas. La actual administración, por medio del Plan Control Territorial, ha implementado una serie de acciones para impedir el accionar de los grupos delincuenciales en el país, entre ellos, el decomiso de armas a los criminales. Durante la gestión de Nayib Bukele se ha logrado, hasta el 11 de agosto de 2021, el decomiso de 11,412 armas de fuego.