Desde expresidentes de la república -Francisco Flores, Elías Antonio Saca (condenado), Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén hasta exministros (David Munguía Payés, Violeta Menjívar, Lina Pohl, David Gutiérrez, Gerson Martínez, entre otros- y exdirectores de escuelas, exalcaldes y exconcejales han sido procesados en los tribunales por el delito de peculado (apropiarse de fondos públicos) a escala nacional en los últimos años. Solo entre 2019 y 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 179 procesos contra exfuncionarios por el referido ilícito.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) de los últimos tres años, en 2021 recibieron 85 procesos, durante 2020 fueron 49 y en 2019, 45. De ese total, San Salvador encabezó la lista con 77 casos, le siguió La Libertad, con 17; Sonsonate, 16; Santa Ana, 14; Usulután, con ocho y La Unión con siete.
El delito de peculado hace referencia «al funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho», reza el artículo 325 del Código Penal.
Las penas de cárcel van de entre los seis y los 15 años de cárcel y dependerán del monto defraudado al erario; para el caso, si el monto fuere hasta 100,000 colones ($11,428) (seis-ocho años de prisión). Cuando fuere superior a 100,000 colones, pero inferior o igual a 500,000 colones (ocho-10 años de cárcel), pero si el peculado fuere superior a 500,000 colones ($57,142), la sanción será prisión desde 12 hasta 15 años. Uno de los últimos casos es el del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda, a quien la Unidad Especializada de Delitos Relativos a la Corrupción de la Fiscalía lo acusó del ilícito porque defraudó al Estado por un monto de $13,763,132.60 en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero.
Según la Fiscalía, Gutiérrez cometió el ilícito entre diciembre de 2005 y enero de 2007, cuando fue funcionario en la gestión del expresidente Saca, que fue condenado por lavado de dinero y peculado. Las investigaciones fiscales revelaron que Gutiérrez adjudicó el diseño y la construcción del tramo II del bulevar a la empresa constructora Copreca-Linares, pese a que no reunía los requisitos para ejecutar el proyecto. El ministerio público también documentó que el 21 y 23 de diciembre de 2005 se le otorgó un anticipo a Copreca-Linares sin que a esa fecha completara la solvencia fiscal y de seguridad social, que eran requisitos indispensables para firmar el contrato.
Las pesquisas revelaron que ese anticipo fue por $7,695,887.15, equivalente al 30 % de la obra. También detalló que Gutiérrez avaló el pago dos días después de la orden de inicio de la obra, aunque en el contrato llave en mano se había plasmado que el anticipo no debía sobrepasar el 20 %. El contrato fue suscrito el 28 de noviembre de 2005, la normativa establece que para que se otorgue un anticipo es necesario presentar las garantías correspondientes dentro de los 15 días después de la orden de inicio de la obra; no obstante, Copreca-Linares emitió una factura el 7 de diciembre del mismo año por $5,039,784.59. En las partidas contables se indica que faltan las garantías, pero después aparecen con fecha 8 de diciembre de 2005. Esto ocurrió antes de la orden de inicio, que fue el 19 de diciembre de 2005, según la investigación realizada.
La garantía se emitió con fecha previa a la orden de inicio, lo que favoreció el pago acelerado del anticipo y al final de esos $7.6 millones que se entregaron en concepto de adelanto por el proyecto, el asocio Copreca-Linares solo pagó $4,565,213.64, nunca se cancelaron los $3,130,673.51. Esta irregularidad, según las indagaciones, fue conocida por el exministro Gutiérrez
IMPUTADOS CAPTURADOS POR ÓRDENES DE LA FISCALÍA
Las estadísticas registran un total de 73 arrestados luego de que el ministerio público emitió órdenes administrativas en su contra y solo uno fue aprehendido en el período de flagrancia. El reporte da cuenta de que durante 2019 se llevaron a cabo 36 detenciones, en 2020 fueron 13 y el año pasado se reportaron 24. El departamento de Santa Ana lideró los arrestos, con 30 imputados en los últimos tres años; le siguió Libertad (19), San Salvador (17); Cabañas (cinco), Usulután y Ahuachapán (uno, respectivamente).
Entre esos capturados está el exalcalde de Guacotecti, Cabañas, Medardo Antonio Méndez por peculado, malversación de fondos y falsedad ideológica. Según la FGR, los hechos ocurrieron en 2013, cuando el exfuncionario hizo dos préstamos, uno para la perforación de un pozo en el municipio y otro para el mejoramiento de una piscina municipal. En el primero, Méndez no reintegró más de $25,000 y en el segundo más de $2,000. Además, en este último no se hizo la obra para lo que se había adquirido el empréstito. El monto total de lo desviado ascendió a $241,977.
LA FISCALÍA CONDENÓ A 22 EXFUNCIONARIOS
En los últimos tres años, el ministerio público logró que diferentes tribunales del país sentenciaran a 22 imputados. En 2019, ejecutó la mayoría de las condenas, 14; y en 2020 fueron cinco y en 2021 bajó a tres. Para el caso, la exdirectora del Centro Escolar Wálter Thilo Deininger, de Antiguo Cuscatlán, Gladis Marina Mazariego Sosa figura entre los sentenciados luego de que se apropió de más de $78,000.
El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla le impuso 12 años de cárcel y el pago de la responsabilidad civil por $78,408.20 La investigación comienza a recibir la denuncia el 31 de julio de 2015, en la que se acusó a la presidenta del CDE y directora del referido centro escolar de apropiarse de los fondos públicos del Ministerio de Educación, más los fondos del centro escolar. La Fiscalía solicitó el 29 de julio de 2016, la actualización de la auditoría, y la oficina de Auditoría Interna del Mined informó que, a esa fecha, se habían liquidado $31,986.00, de los $50,199 objetados como fondos del Estado.
De modo que, $18,213 quedaron pendientes de liquidar, más los $10,038.90 que fueron en concepto de otros ingresos del centro escolar, con un total de $28,251.90. Durante la audiencia de la vista pública, desarrollada en el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, la FGR comprobó que Mazariego Sosa no administró correctamente los fondos del Estado por $50,199 ni los fondos propios del centro escolar de 2014, por $10,038.90.