En El Salvador el delito de la extorsión es cometido principalmente por pandilleros mayores de edad que utilizan como estrategia amenazar de muerte a la víctima o a su familia para lograr su cometido; sin embargo, en ese ilícito también se involucran menores, quienes emplean el mismo método para delinquir y exigir el dinero de la «renta».
De acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) de la Fiscalía General de la República (FGR), desde 2019 hasta el 18 de agosto de 2021, han procesado a 84 pandilleros (0 a 17 años) por el referido ilícito y sus agravantes. La información revela que la mayoría de los implicados (31) están perfilados como integrantes activos de la Mara Salvatrucha (MS), de la pandilla 18 reportan ocho y 49 no fueron determinados.
Las estadísticas detallan que la extorsión es ejecutada principalmente por hombres (77) y solamente siete mujeres estuvieron involucradas en el referido período.
En junio de 2019, el Juzgado de Menores de Ahuachapán condenó a seis años de internamiento a Manuel N. por el delito de extorsión agravada en perjuicio del comerciante clave «Chicago», quien gozó de protección de víctima y testigo.
El caso comenzó en abril de 2017, en el municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán, y fue hasta casi dos años después, en enero de 2019, que la víctima decidió interponer la denuncia ante las autoridades debido a que ya no pudo pagar la extorsión. El afectado manifestó que entregaba $100 quincenales a pandilleros de la MS, quienes lo amenazaban que de no cancelar, lo matarían a él y su familia.
En el requerimiento también se lee que los delincuentes lo amenazaban diciéndole que no diera aviso a la «jura» (Policía), de lo contrario se iba a arrepentir. «Con la pandilla no se juega», le expresaban. Para capturar a Manuel y a sus secuaces, el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) montó tres dispositivos de entregas controladas con las cuales se individualizó al adolescente que llegó por el dinero.

En el expediente de la Unidad Penal Juvenil de la sede fiscal de Ahuachapán consta que el adolescente Manuel N. fue capturado en flagrancia cuando recogía la extorsión. El pandillero es parte de los 27 capturados en flagrancia por este ilícito a escala nacional en los últimos años y se suma a los 24 detenidos mediante órdenes administrativas o intimaciones (ya estaban arrestados y les leyeron nuevas acusaciones).
La extorsión es penada con entre 10 a 15 años de prisión según el artículo 2 de la Ley Especial contra el Delito de la Extorsión (LEDE) y hace referencia: «Al que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico, independientemente del monto, con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero».
En el caso de los menores de edad, el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil explica que cuando la infracción fuere cometida por un menor, que hubiere cumplido 16 años al momento de su comisión, el juez podrá ordenar el internamiento hasta por un término cuyos mínimo y máximo serán la mitad de los establecidos como pena de privación de libertad en la legislación penal respecto de cada delito.
El término máximo de la medida será de siete años, salvo los casos en que incurren en responsabilidad penal por los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión, entre otros.
En estos ilícitos la legislación explica que el término máximo será hasta 15 años.
SAN SALVADOR, CON MÁS EXTORSIONISTAS MENORES CAPTURADOS
Los datos muestran que, en el período estudiado, el departamento de San Salvador encabezó la lista con 29 imputados desde 2019 hasta agosto de 2021, le siguen Sonsonate (18), Santa Ana (11) y Ahuachapán (siete).
Al cierre de 2020, las autoridades de Justicia y Seguridad anunciaron que la extorsión se redujo en un 36.4 % en comparación con 2019, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, implementada desde junio de 2019. Las estadísticas reflejaron una drástica disminución del ilícito, ya que la corporación totalizó 1,345 denuncias, muy por debajo de las 2,114 reportadas en 2019. Entre el 1.° de enero al 30 de agosto de 2019, la PNC registró 1,486 casos, mientras que este año en la misma fecha reporta 1,122 extorsiones, es decir, ocurrieron 364 menos.

Con respecto a las condenas, la Fiscalía logró que 44 extorsionistas recibieran sentencias en los diferentes juzgados de menores con diferentes penas. Entre esos condenados está Luis N., alias Luisito, por extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.
El adolescente está perfilado como integrante de la MS, a quien el Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana lo sentenció a cuatro años de internamiento en Tonacatepeque y a tres años y seis meses de libertad asistida.
El caso ocurrió en el municipio de El Congo, en Santa Ana. En la denuncia interpuesta en noviembre de 2018, el testigo «clave 98» describió ante agentes de la PNC que ejecutaban un patrullaje preventivo que acababa de ser víctima de extorsión por parte de un joven, al que conocía como Luisito, quien le dijo que si quería seguir entrando a trabajar a la zona tenía que entregarle $150.
Según la víctima, él le respondió que en ese momento solo tenía $40 por lo que el pandillero le manifestó que se los entregara y que la próxima vez que entrara le cancelara el resto. El reporte fiscal detalla que los agentes al rastrear la zona observaron al hombre que les describió «clave 98», los policías registraron a Luisito y le encontraron los $40 que le había entregado la víctima, por lo que procedieron a la privación de libertad.
Luego de obtener la condena, el jefe de la Unidad Penal Juvenil de la FGR, Julio Sosa, manifestó: «Como representación fiscal hemos fundamentado cada elemento de prueba, y al momento de nuestra participación en el juicio pudimos establecer de forma categórica la participación delictiva del imputado».