En aras de esclarecer los hechos y llegar a la justicia, la Fiscalía General de la República ha solicitado a España la documentación que contiene todas las pruebas que giran en torno a la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, una colaboradora y su hija adolescente, crimen perpetrado el 16 de noviembre de 1989.
El asesinato de los religiosos es considerado uno de los episodios más lamentables de la guerra civil, y por el cual, fueron señalados altos mandos de la Fuerza Armada, así como el expresidente Alfredo Cristiani, quien según la Fiscalía estuvo al tanto de la masacre.
El fiscal general, Rodolfo Delgado aseguró que solicitaron, por medio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Audiencia Nacional [máximo tribunal español] las pruebas que existen en torno al asesinato de los jesuitas.
«Una de las primeras instrucciones que di fue a la Dirección de Asuntos Internacionales para que solicitara por medio de la Corte Suprema de Justicia todas las evidencias que se habían vertido en España. Eso lleva su trámite y su tiempo», dijo el fiscal durante la entrevista de Canal 10.
Delgado agregó que «Todos fuimos testigos de cómo se condenó a un exviceministro de Defensa, escuchamos el testimonio de uno de los involucrados, de uno de los autores directos y aquí en El Salvador está la incógnita de que el Órgano Judicial en diferentes resoluciones iba dando por cerrado este capítulo negro de la historia salvadoreña».
En septiembre de 2020, el tribunal español condenó al Inocente Montano a 133 años de cárcel por la masacre. Ha sido el único de 13 exmilitares ya sentenciado, y cuya corte pidió la extradición del resto de militares para enjuiciarlos.
El 17 de noviembre de 2021, Asamblea Legislativa rechazó una nueva solicitud de indulto en favor del excoronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien en 1992 fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de los jesuitas, pero que un año más tarde recuperaría su libertad con la aprobación de la Ley de Amnistía General, la cual, la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto en 2016 y permitió que Benavides regresara nuevamente a prisión.
El proceso penal en torno a la masacre fue declarado nulo, en septiembre de 2020, mediante resolución emitida por la Sala de lo Penal, cuyo alcance favoreció a René Emilio Ponce [fallecido], Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano y al expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard.
Esta semana, la Sala de lo Constitucional admitió la petición del fiscal general de reabrir el caso y hacer justicia.